La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que todavía se encuentran en pleno proceso de divorcio, han recibido una buena noticia: la Audiencia Provincial de Palma ha decretado que el gobierno balear debe devolver 201.000 euros a los exduques de Palma tras haber detectado un error que cometieron.
A la hermana del rey Felipe VI le tienen que reintegrar 68.479 euros mientas que a Iñaki, su expareja, le tendrán que devolver 132.695 euros. Al que fuera socio de Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, también le corresponde la cantidad de 32.000 euros, según publicó 'Última hora' y 'El Mundo'. La Audiencia Provincial ha acordado que se les devuelva este dinero en un plazo de diez días.
El gobierno balear recibió más dinero del que le correspondía en concepto de responsabilidad civil por el caso Nóos. Entre los tres habrían desembolsado en su día un total de 852.000 euros, cifra que se redujo a 233.000 euros en las posteriores sentencias, por lo que la diferencia debe ser reintegrada ahora.
La infanta Cristina ha solicitado la devolución de 68.000 euros
Por el momento la única que se ha pronunciado al respecto es la hija del rey Juan Carlos I, esta ya ha manifestado su "total conformidad" con la devolución en un escrito y ha solicitado que se le haga entrega de su parte correspondiente, esos 68.000 euros, parte proporcional, a la suma total que afirma haber pagado, según ha señalado.
Cuando fueron condenados en 2018 la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, fueron condenados a entregar 600.000 euros a las arcas públicas de Baleares. El Tribunal Supremo condenó además a Iñaki Urdangarin a cinco años y diez meses de prisión por un delito continuado de prevaricación con malversación, por otro delito de tráfico de influencias, fraude a Hacienda y por dos delitos fiscales.
La sentencia y condenas por el Caso Nóos
La sentencia consideraba probado que utilizó "su situación de privilegio" por estar casado con "una hija de quien era entonces Jefe del Estado" para que el Gobierno balear contratara al Instituto Nóos, que entonces él dirigía junto a su socio Diego Torres.
Por su parte, el tribunal ratificó que la infanta Cristina no había cometido ningún delito, pero sí había sido partícipe a título lucrativo en los negocios de su marido, por lo que sentenció que esta debía abonar 137.000 euros como responsabilidad civil.
En cuanto a Diego Torres, fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por varios delitos también de prevaricación, malversación y fraude a Hacienda, y a tres años y ocho meses de prisión al expresidente de Baleares Jaume Matas, así como a otros altos cargos de la comunidad autónoma. Al igual que pasó con la hermana del rey Felipe VI, el Supremo también ratificó la responsabilidad de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, como partícipe a título lucrativo.