El grupo Ralons, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, uno de los mayores conglomerados empresariales de Canarias, ha sido declarado en concurso de acreedores. La compañía da empleo a unas 2.000 personas en sociedades dedicadas a distintos servicios como lavanderías, seguridad, educación infantil o formación profesional.
El Juzgado Mercantil número dos de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado recientemente en concurso voluntario a las empresas que forman el grupo, y ha nombrado como administrador concursal a Pluta Abogados.
Las empresas de Ramírez siguen así la estela que hace ya dos años marcó la compañía de seguridad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria.
La empresa de seguridad fue declarada en concurso de acreedores en enero de 2018, por el mismo Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con un agujero de 70 millones de euros. A mediados de ese año, Miguel Ángel Ramírez se deshizo de su participación, cercana al 100%, en la empresa.
Ramírez ha sido investigado por presunto fraude a la Seguridad Social y estuvo salpicado por actuaciones contra la exjuez Victoria Rosell
Ramírez, que dio nombre a su grupo empresarial, Ralons, utilizando los apellidos de sus padres, Ramírez Alonso, constituyó a mediados de los años noventa una decena de sociedades.
En la actualidad el grupo lo conforman una cadena de lavanderías; una sociedad de gestión de escuelas infantiles; una empresa de formación; una firma de vigilancia e instalación de alarmas; una empresa encargada de la gestión de eventos deportivos; una sociedad de gestión de zonas verdes; una empresa de residencias; y otra de limpieza.
Carrera polémica
En los últimos tiempos la carrera profesional de Ramírez ha estado salpicada de escándalos empresariales y políticos.
Hace dos años la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condenara a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.
La Fiscalía acusó a Alba de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" una instrucción penal que había iniciado la juez Victoria Rosell -en la actualidad delegada del Gobierno contra la violencia de género tras haber sido diputada por Unidas Podemos-.
En ese caso la Fiscalía defendió que el juez Alba había intentando llegar a "un acuerdo corrupto" con Miguel Ángel Ramírez para que este le proporcionara documentación sobre sus relaciones empresariales con la pareja de la juez Rosell.
Miguel Ángel Ramírez, cercano al exministro José Manuel Soria, también ha sido investigado por presunto fraude cometido contra la Seguridad Social por un importe de 1,3 millones de euros entre los años 2012 y 2013.
