El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) tiene entre sus manos un importante dictamen que podría suponer un vuelco en la situación que viven más de 100.000 empleados públicos en nuestro país. Se trata de la resolución que determinará si es posible hacer fijo al personal sanitario temporal que viene encadenando contratos temporales desde hace más de 3 años.
La demanda, elevada a instancias comunitarias, surge a raíz del caso de un informático del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) que permanece en situación de estatutario interino desde hace más de 17 años. Una situación que comparten miles de empleados del sector público y que puede suponer, si el TJUE resuelve en este sentido, que la Administración española esté incurriendo desde hace años en una contratación en fraude de ley.
El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid planteó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, cuya decisión será vinculante. El juzgado madrileño, según han informado los sindicatos, trasladó al tribunal europeo si debe conceder la fijeza al personal estatutario temporal (interino, eventual o de sustitución) en situación de abuso de temporalidad como es el caso del procedimiento judicial en cuestión, el del informático del Servicio Madrileño de Salud que permaneció en el mismo puesto durante más de 17 años.
Sus representantes legales pidieron que se le reconociera una condición equiparable a la del personal estatutario fijo en cuanto a las condiciones de cese (y en el resto de condiciones de trabajo) como sanción adecuada, aplicando una normativa básica europea, la Directiva 1999/70/CE, a su situación de "evidente abuso de contratación temporal por parte de la Administración para satisfacer necesidades que son de obvio carácter permanente".
Tres años como límite de temporalidad
La directiva europea determina que la temporalidad debe tener un límite -3 años en el caso de los empleados públicos españoles-. Además, las normativas nacionales deben incluir medidas de sanción al empleador que abusa y otras compensatorias para el empleado en situación de abuso de temporalidad.
La jueza que eleva la cuestión al TJUE reconoce en su escrito que "no encuentra norma nacional capaz de alcanzar el objetivo que pretende la Directiva" e indica que la aplicación de la legislación española es "incompatible" con los objetivos marcados en la Directiva Europea contra la temporalidad, de lo que deduce que en nuestra legislación nacional no se ha acogido la directiva europea o se ha hecho de forma deficiente.
Después de aceptar la cuestión prejudicial, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia de manera favorable obligaría a estabilizar a más de 100.000 empleados públicos de toda la Administración que mantienen la situación de interinidad desde hace más de tres años. Los interinos que se encuentren en esta situación pasarían a ser personal laboral fijo de la Administración sin necesidad de pasar ninguna oposición, con el único requisito de haber permanecido en su puesto durante más de tres años.
Los interinos piden hacer efectiva la transposición
Miles de interinos, constituidos recientemente en una plataforma, denuncian que nuestro país está retrasando "la obligación de transponer la normativa europea en materia de contratación temporal en la Administración Pública -España tenía un plazo de 5 años para hacerlo- a pesar de las diversas sanciones que ha impuesto la Unión Europea por el incumplimiento de su normativa”.
La Plataforma de Interinos sostiene que, precisamente en base a esa directiva comunitaria, los trabajadores temporales con más de 3 años de antigüedad han adquirido derechos y exigen que sus puestos sean convocados a consolidación por concurso de méritos en vez de por ofertas de empleo convencionales (la tradicional oposición).
De ser así, a la ya abundante Oferta de Empleo Público acordada por el Ejecutivo y los sindicatos para los próximos años habría que sumar esta consolidación de plazas que supondría de facto -según las aspiraciones de los interinos- el aumento de los empleados públicos en más de 100.000 personas. Si ya numerosos organismos advierten de las dificultades económicas para mantener el sector, habría que reorganizar de urgencia las cuentas públicas para asumir este sobrecoste. Es evidente que si este anexo legal se resuelve en favor de los interinos, las demandas de consolidación de plaza se dispararían. El Tribunal europeo tiene, desde Luxemburgo, las claves para el futuro del sector público.
