Los juzgados españoles han comenzado a pronunciarse sobre el mayor caso de competencia activo en el mundo, el que afecta a seis fabricantes europeos de camiones y en el que hay en juego miles de millones de euros.
Algunas de las sentencias comunicadas este mismo mes dan la razón a los transportistas en sus demandas contra las compañías afectadas, DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Unos 100.000 afectados españoles -camioneros, empresas de transporte, logística, distribución- pueden verse beneficiados y recuperar parte del dinero que invirtieron en la compra de sus vehículos. En total, podrían llegar a recuperar algo más de 2.000 millones de euros, según estimaciones de expertos consultados.
La Comisión Europea impuso en el año 2016 una multa de más de 3.800 millones de euros a los fabricantes mencionados. El grupo MAN se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel.
La pasada semana el mercantil tres de Valencia condenó a MAN a pagar a un camionero el 5% del coste de su vehículo
Los fabricantes fueron sancionados por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, habiendo obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones, y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.
Desde entonces, despachos de abogados de toda Europa, empresas de distribución y logística, y profesionales del transporte por camión, se vienen organizando para presentar demandas en sus respectivos países contra las compañías en base a esa sanción de la Comisión Europea.
Sentencia en Valencia
La pasada semana el Juzgado Mercantil número tres de Valencia condenó a la filial de MAN en España a devolver a un transportista el 5% del valor del camión que había adquirido entre los años investigados. Se trata de una sentencia, a la que ha accedido este diario, relevante porque "crea un clima a favor de los demandantes españoles", considera Miguel Caamaño, socio de CCS Abogados.
Las pruebas periciales presentadas por los demandantes son clave en los procesos judiciales
El caso es tremendamente complejo; los demandantes tienen que probar el daño causado aportando pruebas periciales que, para estar bien fundamentadas, requieren la colaboración de consultores y expertos técnicos que suponen un elevado coste, y meses de trabajo, más de un año, en su elaboración.
CCS Abogados diseñó una herramienta tecnológica propia para administrar el complejo proceso de reclamaciones, con 380.000 documentos en estudio, y representa ahora a 4.500 clientes gestionando 7.300 demandas. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) adjudicó a CCS Abogados su representación en el caso tras organizar un concurso al que se presentaron 18 bufetes y cinco fondos de inversión.
El bufete estima que sus clientes podrían percibir indemnizaciones por importe de 700 millones de euros. Extrapolando este cálculo a los 100.000 estimados como afectados en España por el cártel, en total podrían recibir cerca de 2.100 millones de euros en indemnización.
En Alemania se han dictado 9 sentencias sobre el asunto, siendo 8 favorables a los demandantes
"La sentencia del juzgado valenciano es importante por el ímprobo esfuerzo mostrado por el juez, a pesar de que la pericial presentada en el proceso no es rigurosa", indica Miguel Caamaño. El despacho cuenta con una prueba pericial elaborada en coordinación con bufetes de otros países, en la que se ha invertido cerca de dos años de trabajo.
"Otros bufetes ya han presentado demandas y ha salido alguna sentencia desestimatoria debido a los defectos que presenta la prueba pericial que se ha usado", advierte. En Alemania, durante 2018 se dictaron nueve sentencias por el mismo caso, siendo ocho de las falladas favorables a los demandantes.
Caamaño explica que la horquilla de compensación estimada por el magistrado del juzgado valenciano ha sido de entre el 0% y el 10% del coste del camión, decidiendo finalmente el 5%, pero que podría haber sido una horquilla de entre el 5% y el 15%. "Para los bufetes que han cometido errores procesales o que han aportado una mala prueba pericial, la sentencia del mercantil de Valencia es un balón de oxígeno", opina.
Financian el pleito
"La sentencia de Valencia es un paso importante para los demandantes, el juez condena al demandado por el principio legal de que no puede enriquecerse la parte que ha realizado una práctica contra la competencia", considera Armando Betancort, socio fundador de Rockmond Litigation Funding Advisors. "Pero subraya la importancia de la prueba pericial presentada, avisa de que ese trabajo es el más importante del proceso", añade.
El despacho español Rockmond ofrece a los demandantes financiar el pleito a cambio de una parte de los derechos económicos que se consigan
Rockmond cuenta en la actualidad con 4.000 camiones con derecho a reclamar. La firma ha optado por requerir en los juzgados diligencias preliminares, en lugar de presentar demandas. "Con los datos que tenemos ya hemos calculado el sobreprecio exigible, pero consideramos que los fabricantes todavía tienen que aportar mucha más documentación, por eso requerimos diligencias preliminares", explica Betancort.
El despacho, con oficinas en Madrid y Londres, fundado en 2014, asesora en la financiación de litigios y procedimientos arbitrales, conectando a los clientes con los fondos y despachos adecuados. En el caso de los procesos por el cártel europeo de fabricantes de camiones, Rockmond financia el pleito a cambio de una parte de los derechos económicos que se logren en las sentencias favorables a los demandantes.
