Acercar la recaudación tributaria sobre el PIB de España a la de la UE, de la que dista cerca de 70.000 millones de euros, y reformar el sistema de financiación autonómica, en el que hay 17 peticiones distintas e intereses contrapuestos. Son los retos a los que se enfrenta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2022, que además se plantean a las puertas de varios comicios autonómicos y en la antesala de la campaña de las elecciones generales.
La reforma fiscal es la hora de la verdad para Montero, que ha hecho anuncios de subidas fiscales desde que asumió el cargo en 2018 pero que no ha materializado muchos de ellos o bien porque los Presupuestos de 2019 fueron tumbados en el Congreso o bien porque algunos proyectos han ido con retraso o se han postergado por la crisis del coronavirus.
Montero ha aprobado subidas de prácticamente todos los impuestos, pero han sido menos que las anunciadas. Y siempre fiaba su proyecto a la futura reforma fiscal que haría, en la que modificaría en profundidad el sistema fiscal español. Pues bien, la reforma ya está aquí. El pasado abril, Hacienda designó un comité de expertos para asesorarle, que debe entregar sus trabajos en febrero de 2022, momento en el que la pelota estará ya ostensiblemente encima del tejado del Ministerio.
La presentación en sociedad del comité fue accidentada para Hacienda. Montero declaró a los medios que el objetivo de la reforma fiscal es subir los Impuestos sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones dentro de la llamada armonización al alza que preconiza y que comparte con ERC, con el fin de obligar a la Comunidad de Madrid, a la que acusa de hacer 'dumping' fiscal, a elevar Patrimonio y Sucesiones.
Estas alzas las fijó de entrada para 2022, pero muy poco después tuvo que desdecirse, cuando el Gobierno en bloque pasó a negar toda subida de impuestos en perspectiva para intentar contrarrestar el tirón de Isabel Díaz Ayuso en la campaña a las elecciones a presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo hicieron Pedro Sánchez, Nadia Calviño, la propia Montero y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, que dos meses antes defendía subidas masivas de impuestos en la Comunidad.
Oposición a Montero
La armonización al alza que pretende Montero se va a encontrar con la oposición frontal de las comunidades del PP, que la consideran inconstitucional. Díaz Ayuso ha anunciado recursos en todos los tribunales e instancias y tramita una ley que quiere blindar su autonomía y obligar a Pedro Sánchez a pactar los cambios que le afecten.
En Sociedades, se perfilan recortes en deducciones y una adaptación a la tasa global a multinacionales que ultima la OCDE para que entre en vigor en 2023. El Gobierno español se ha adelantado e impone para 2022 un tipo mínimo del 15% pero los parámetros y el perímetro de afectados es diferente al internacional.
La imposición medioambiental va ganando protagonismo pero su desarrollo en España es incipiente y ahora lastrado por las prevenciones a que afecte a la recuperación económica y al miedo a la contestación social que pueda suscitar. Montero ya aplazó una subida al diésel para equipararlo a la gasolina que llevaba en los Presupuestos de 2021 en la negociación con el PNV y tuvo que congelar en julio la subida al Impuesto de Matriculación a que insta la Comisión Europea, que ahora se recupera.
También se ha pospuesto a enero de 2023 el nuevo impuesto a plásticos. Antes de que se decida qué hacer con las propuestas de los expertos en este apartado, el Gobierno ya ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación que subirá el diésel, Matriculación y Circulación antes de junio, a la par de la entrada en vigor del impuesto al plástico ya aplazado.
Montero también subrayó que las propuestas del grupo de expertos debían tener una conexión con la financiación autonómica y local, además de considerar que el Gobierno está alineado con el debate internacional sobre el papel de la fiscalidad en la riqueza. Sin olvidar el IRPF, en el que se auguran más subidas a rentas altas y un alza de las rentas del capital, además de la práctica eliminación de los incentivos a los planes de pensiones individuales en beneficio de los de empresa.
También está encima de la mesa un recorte de tipos reducidos y superreducidos en el IVA a instancias de la Comisión Europea y siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El reto de la financiación autonómica
El segundo frente supondrá la reforma de un sistema de financiación vencido desde 2014 y que ha resultado fallido, un proceso que muy pocos desearían tener que liderar. Tampoco parece que lo quiera por completo Montero, que lo ha retrasado y que ha pedido al PP que organice a sus comunidades. Cuando finalmente Hacienda no tuvo más remedio que publicar un informe sobre población ajustada que actúa como pistoletazo de salida de la negociación, en principio, un asunto técnico y preliminar, se ha encontrado con el rechazo de todas las comunidades.
Las beneficiadas, según los expertos, las de la España vaciada, y algunas infrafinanciadas, han sido críticas. Las perjudicadas, Madrid y Cataluña, también. Y luego está el caso de la Comunidad Valenciana, que cantó victoria para luego retractarse al analizar con cuidado el texto.
Desde el Consejo General de Economistas y desde el PP dudan de que ninguna de estas reformas vaya a culminar en esta legislatura, dada su complejidad y el calendario electoral que se avecina.
