Lleva meses cocinándose a diferentes bandas: Troika, Economía, Banco de España y Hacienda con el sector. Las propuestas y contrapropuestas sobre la nueva lesgislación de los activos fiscales diferidos (DTA's, en inglés) de la banca se aglutinan ya en un documento que no permite poder transformar en capital las aportaciones a los fondos de pensiones de una compañía, una de las grandes exigencias del Santander, según confirman varias fuentes del sector.
De esta manera, la nueva norma, que limitará las necesidades de capital de la banca española ante las exigencias de solvencia de Basilea III fully loaded, conseguirá que se compute como capital todos aquellos activos fiscales diferidos que se generan sobre provisiones cuantificadas en función de pérdidas futuras, como la genérica o los dos decretos Guindos. Sin embargo, quedan fuera los fondos de prejubilaciones que dotan los bancos para complementar la indemnización de un trabajador hasta que empieza a percibir la jubilación de la seguridad social.
El banco con sede en Boadilla se ha mostrado muy activo en las negociaciones para que se incluyeran los fondos de pensiones en el cómputo. "Han tocado muchas puertas para que así fuera", explican desde el sector. Esta merma podría reducir las previsiones efectuadas por Botín, a principios de año, de que el Santander pudiera acabar este ejercicio en el 8% de core capital en términos de Basilea III fully loaded.
Hacienda ha decidido crear una nueva norma que se pueda aplicar a cualquier sector por lo que se ha desestimado finalmente incluir, en este primer documento, el asunto de las pensiones. Sin embargo, en el sector no se descarta que Emilio Botín logre salvar esta situación en los movimientos que continúa realizando al respecto.
El banco con sede en Boadilla acumula cerca de 17.000 millones en DTA's, en su mayor parte generados por los planes de pensiones de la entidad
Tampoco contabilizarán como capital otro tipo de DTA, como los fondos de comercio, que se generan cuando se efectúa una operación coorporativa. La banca no ha conseguido que Hacienda también salve éstos últimos que suponen un volumen para todo el sector en el entorno de los 15.000 a 18.000 millones de euros. Sabadell, Popular o Caixabank hubieran sido las entidades más beneficiadas por estas medidas.
Hasta el momento, a falta de un segundo borrador que ya circula de ida y vuelta entre los ministerios y el sector, con el que se pretende dar una solución a determinados activos de las entidades nacionalizadas, la banca ha logrado que pueda computarse como capital un total de 28.300 millones de los alrededor de 50.000 millones de DTA's que aparecen en los balances españoles de las entidades nacionales. En julio, el sector ya había lgorado el compromiso de salvar alrededor de 30.000 millones.
La palma de activos fiscales diferidos se la lleva el Banco Santander, con cerca de 17.000 millones de euros, en su mayor parte generados en los propios planes de pensiones de la entidad presidida por Emilio Botín. El BBVA suma otros 7.000 millones de euros y CaixaBank poco más de 4.500. También aparecen muy afectados el Banco Popular, con 3.200 millones de euros, y el Sabadell que acumula 4.000 millones.
La banca logró sortear el agujero de capital de 50.000 millones el pasado julio, como adelantó Vozpópuli. Entonces, se forjó un compromiso con Luis de Guindos, que fue refrendado por Montoro en septiembre pasado, después de muchas conversaciones entre ambos ministerios, una vez que se cerró la fórmula de que será el Estado quien avale este capital transformado del mundo fiscal. El Gobierno tiene intención de anunciar este nueva reglamentación antes del final de 2013, con lo que la banca contará con esta inyección de capital de cara a la revisión de balances y los test de estrés que llevarán a cabo la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) y el Banco Central Europeo a lo largo del próximo ejercicio.
El primer documento ya consensuado prevé que la banca pueda computar como capital un total de 28.300 millones, de la bolsa de 50.000 millones que se acumulan en los balances
La banca ha defendido en las negociaciones con Economía y Hacienda que la nueva medida fiscal sólo tendría efecto en el déficit del Estado y, por tanto en su deuda, en el caso de que una entidad entrase en liquidación. De esta manera, el Estado tendría que perdonar los impuestos, con el consiguiente agujero que generaría en las cuentas públicas de ese año, si las pérdidas aplicadas a accionistas, titulares de híbridos e inversores de deuda sénior no fueran suficientes para pagar el coste de la desaparición de un banco.
El pasado ejercicio, según el informe de estabilidad del Banco de España, la banca española activó casi 10.000 millones en créditos fiscales (Hacienda dejó de ingresar esa cantidad) que se compensarán con los beneficios de los próximos 18 años. Así, las entidades de depósito registraron unas pérdidas antes de impuestos de 62.278 millones de euros en 2012, que se vieron reducidas hasta los 52.889 millones después de impuestos.
Las normas de Hacienda permitieron a Bankia reducir sus pérdidas en 3.237 millones; al Popular en 1.030 millones, pasando de 3.491 a 2.461 millones de euros. CaixaBank, por su parte, recibió 438 millones, que permitieron que su resultado fuera positivo, de 273 millones, en lugar de arrojar unas pérdidas de 165.
