Aena estudia las acciones legales que puede emprender una vez entre en vigor la enmienda aprobada este jueves en el Congreso que obliga a la compañía semipública a rebajar el alquiler a sus inquilinos comerciales mientras no se recuperen los niveles de tráfico previos a la pandemia. Una batalla que ya se libraba en los tribunales, con cerca de un centenar de demandas en ambas direcciones ante la falta de acuerdo.
Una vez entre en vigor la enmienda que modifica por ley los contratos de arrendamiento, Aena tendrá que rebajar las rentas a los comercios y restaurantes que operan en sus aeropuertos y devolver el dinero cobrado 'de más' a estos inquilinos, según las nuevas obligaciones incluidas en la norma.
En concreto, la enmienda exime del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020) y, a partir de entonces, se reducirá tanto como haya caído el tráfico de pasajeros en ese aeropuerto respecto a 2019.
Aena estima que la pérdida de ingresos ascenderá a 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025, y advierte que está analizando "las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".
Aena puede pleitear contra el Estado, su propio accionista, y reclamar una compensación por daños y perjuicios de la ley
Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la cuestión es que ahora los inversores privados de la empresa en la que también participa el Estado con el 51% de las acciones pueden exigir responsabilidad patrimonial a la Administración, algo que las mismas fuentes califican de "paradójico".
En este sentido, una de las bazas de Aena sería pleitear contra el Estado, su propio accionista, pidiendo una compensación por los daños y perjuicios de esta norma. Su mayor accionista privado, el fondo de capital riesgo The Children's Investment Fund propiedad del multimillonario británico Christopher Hohn, ya puso sobre la mesa la opción de reclamar responsabilidad patrimonial hace meses, como publicó Vozpópuli.
Además, PwC, asesor legal de Aena en este asunto, comentan la posibilidad de recurrir la decisión al Tribunal Constitucional (TC), aunque en este caso la empresa no estaría legitimada para hacerlo y tendría que ser el Gobierno o el PSOE quien interpusiera el recurso de inconstitucionalidad. Los propios jueces y tribunales también podrían plantear la cuestión de constitucionalidad ante el TC.
Las opciones de Aena: negociar o pleitear
Aena había ofrecido a sus inquilinos una rebaja del 50% hasta este mes de septiembre, cuando empezaría a cobrar de nuevo el 100%. Sin embargo, la modificación de la ley "tendrá carácter obligatorio para Aena y producirá plenos efectos jurídicos aún cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes", reza el documento.
Es decir, que disfrutarán de la misma rebaja que los que no lo habían hecho y estaban librando sus propias batallas en los tribunales para modificar los contratos y lograr una quita mayor. No obstante, los profesionales del sector legal consultados por este medio advierten que la nueva ley no afecta a los procesos judiciales que ya estén en marcha.
Desde la Asociación de Comerciantes de Aena (AEOCA), representados por el despacho Fieldfisher Jausas, comentan a este medio que ahora la piedra está en el tejado de Aena: puede decidir negociar con los inquilinos para aplicar unas condiciones iguales para todos, o continuar con los pleitos que ya hay en marcha.
"Nos gustaría que Aena recapacitara y, a raíz de esta nueva normativa, se sentara a negociar. Si devuelve el dinero y aplica la ley, probablemente los pleitos se acabarán", comenta Jordi Ruiz de Villa, socio del despacho y portavoz de la AEOCA, en conversación con Vozpópuli. Actualmente hay cuatro sentencias favorables para los inquilinos, todas recurridas por Aena, y cerca de 100 demandas en marcha.
