El juzgado mercantil número 1 de Madrid celebró este lunes el juicio por la demanda colectiva de la OCU contra Volkswagen-Audi España por el trucaje de los niveles de emisiones de los motores diésel, en el que la organización de consumidores representa a 7.500 afectados y pedía por daños y perjuicios 22,5 millones de euros, 3.000 euros para cada uno de los afectados. Se trata de la única vía judicial abierta en España por el 'dieselgate', después de que en septiembre de 2015 se conociera en EEUU que Volkswagen instaló en algunos de sus modelos un dispositivo que camuflaba el nivel real de emisiones contaminantes de los vehículos.
Previo al juicio ambas partes trataron de llegar a un acuerdo, pero según reveló la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, Volkswagen "ofreció una gorra y un llavero", y ha cargado también contra las administraciones públicas por su falta de actuación. En España no ha habido ni siquiera sanción administrativa, en contra de lo ocurrido en otros países. Iliana Izverniceanu reclama que no se distinga entre los ciudadanos en función de dónde residen, ya que en otros países sí han sido compensados.
Importador, no fabricante
Así, tras no haber alcanzado un acuerdo entre la marca alemana y el colectivo de afectados, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio por la macrodemanda. Durante la exposición de sus conclusiones, el letrado ha aclarado que el negocio de Volkswagen Group España Distribución se limita a la importación de vehículos finalizados de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, motivo por el que ha negado que esta filial hubiera manipulado los polémicos motores de la familia EA 189, ya que la fabricación no era su cometido.
La firma también ha cargado contra la "acción oportunista" de la OCU, que representa a 7.500 afectados y pide 22,5 millones de euros (unos 3.000 euros para cada uno) en concepto de daños y perjuicios, por presentar una demanda que, ha dicho, se basa en noticias de prensa sin soporte jurídico.
"Aquí en España no se ha falseado nada", ha reiterado la defensa de Volkswagen, que ha explicado que el software instalado en los motores diésel de la familia EA 189 sirve para gestionar la información de las emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOX), no de Dióxido de Carbono (CO2), por lo que carece de impacto material.
En este sentido, ha explicado que los hechos no pueden compararse al escándalo del 'dieselgate' destapado en Estados Unidos, donde la matriz del grupo pactó en 2016 el pago de más de 14.000 millones de euros, entre otros motivos porque mientras que en ese país es la propia compañía la que consigna a las autoridades los datos sobre emisiones, en Europa quien los remite es un experto independiente.
Asimismo, ha recalcado ante el titular del juzgado que Volkswagen Group España Distribución es una importadora que compra vehículos al fabricante y los vende al concesionario, esto es, "sólo importa, no instala", por lo que no puede rendir cuentas por posibles alteraciones en la fabricación que, no obstante, ha rechazado.
Por su parte, la OCU, representada por el abogado Eugenio Ribón, ha reiterado la acusación contra la compañía puesto que "como comercializador, se lucró con los vehículos trucados" y tiene una "clara vinculación con el fabricante" al pertenecer al mismo holding empresarial. Para la organización, la actuación de Volkswagen España "iba en contra de la política medioambiental de ahorro y eficiencia" con la que la marca "se ganaba la simpatía del consumidor medio" y arrebataba las ventas a sus competidores.
El letrado ha apoyado, del mismo modo, que se permita a los afectados reclamar ante los tribunales españoles, y ha lamentado que se haya dejado a estos "desangelados" a diferencia de cuanto ha ocurrido en países como Estados Unidos, Australia o, a nivel europeo, Alemania, donde el grupo ofreció el pasado viernes 830 millones de euros para poner fin a una demanda colectiva.
