Economía

FCC, Sacyr y OHL pelean por los 1.500 millones del contrato de basuras de Almeida

Las principales concesionarias pujarán por la gestión de los residuos de Madrid en los próximos seis años. Esta licitación estará vigente durante los próximos seis años

  • El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida -

Madrid pretende renovar la gestión de sus basuras para los próximos seis años. Un servicio por el que el equipo José Luis Martínez-Almeida está dispuesto a pagar 1.506 millones de euros. Las grandes concesionarias quieren ganar alguno de sus cuatro lotes. FCC, Valoriza (Sacyr) y OHL son algunas de las grandes compañías que ya han tomado posiciones para lograr este contrato, según explican fuentes del sector a Vozpópuli

Una carrera por este 'megacontrato' donde el sector espera que también acudan otros ‘habituales’ como Acciona, Cespa, o Urbaser. La ciudad de Madrid mantiene vigente una compleja estructura de gestión de residuos que firmó la Administración que lideraba Ana Botella. La excalcaldesa dividía en seis 'complejos' lotes la limpieza de Madrid, con una remuneración a la baja, que provocó que las concesionarias tuvieran grandes problemas para dar el servicio de forma rentable.

Botella dejó un sistema de gestión de recogida de residuos en Madrid que funciona con una combinación de un criterio territorial (tres lotes geográficos que abarcan todo el término municipal) con un criterio funcional (contenerización, recogida y transporte).

Almeida quiere "replantear" este modelo. Según asegura su 'jefe' de este área, Borja Carabante, Madrid 'replantea' este modelo en beneficio de "la competitividad" y de "la accesibilidad de un mayor número de empresas". Su contrato de 1.500 millones se separa en dos ámbitos. Por un lado, el correspondiente a contenerización de los residuos, el otro, los servicios de recogidas y transporte distritos agrupados.

El nuevo equipo, también del Partido Popular, cambia de ruta con este servicio. El nuevo contrato, donde se puede presentar candidaturas hasta el 21 de junio y que entrará en vigor el 1 de noviembre, se centra en el impulso de la economía circular para ajustarse a la legislación vigente y fomentar el reciclaje.

Su 'megacontrato' también quiere evitar que una misma empresa controle toda la limpieza en Madrid. La adjudicación limita que cada licitador sólo pueda resultar adjudicatario de dos lotes, de tal forma que una única empresa pueda hacerse con un máximo del 67 % del servicio de recogida y transporte (en caso de resultar adjudicatario de dos lotes), o con el 33 % de la recogida y transporte y el 100 % de la contenerización (en caso de ser adjudicatario de un lote de recogida y el lote de contenerización).

"Se pretende evitar así una situación tendente al monopolio, que es indeseable para el Ayuntamiento de Madrid, de cara a la propia gestión del servicio, a las negociaciones con la parte social de los convenios y acuerdos", detallan desde el equipo de Almeida.

Almeida cambia de ruta 

Los pliegos que manejan los candidatos tienen en cuenta que Madrid está conformada por 21 distritos, con una población superior a los 3,2 millones de habitantes, y con una generación de residuos anual superior a 1,1 millones de toneladas.

"Para poder gestionar correctamente estos residuos, dispone de un parque de contenedores que se sitúa actualmente en torno a las 378.000 unidades, repartidas por todo su ámbito geográfico, los cuales deben contar con la adecuada limpieza, mantenimiento y reposición, ser periódicamente vaciados y transportados los residuos hasta los centros de tratamiento adecuados", explican en sus documentos oficiales del equipo de Almeida.

Esta licitación de 1.500 millones pone retos a sus candidatos en materia de 'sostenibilidad'. Por ejemplo, la maquinaria y vehículos empleados por las empresas para la prestación del servicio deberán estar propulsados por motores de gas natural comprimido (ECO) o por motores CERO emisiones, según la clasificación de la  Dirección General de Tráfico (DGT).

En ningún caso se admitirán camiones recolectores o de transporte de residuos que estén propulsados totalmente por motores diésel, biodiesel o etanol, quedando excluida de la licitación cualquier propuesta que no cumpla este precepto. Un reto para las flotas de las empresas que opten a estos contratos.

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