Nuevo récord de ayuntamientos que no facilitan información presupuestaria al Estado. De las 8.131 corporaciones existentes en España, exactamente 4.529 (un 4,4% más que hace un año) incumplen con la obligación que fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera de facilitar a la Administración General del Estado (AGE) toda la información relativa a sus presupuestos; tampoco sobre los planes previstos y, por ejemplo, los costes de los servicios prestados. Todo esto significa que un 56% de los municipios (también hay siete diputaciones y dos cabildos) no han aportado los datos para configurar el marco presupuestario de las Administraciones Públicas, su estado de realización y sobre todo su situación financiera.
Entre los incumplidores figuran corporaciones tan importantes como Palma de Mallorca (con 419.366 habitantes), Bilbao (346.405), Vitoria (253.093), Pamplona (203.081), San Sebastián (188.102), o las madrileñas Alcorcón (170.817) y Parla (con 131.689 habitantes). El presupuesto global de estos seis ayuntamientos es de casi 2.100 millones de euros. Además de todo esto, todavía hay 594 ayuntamientos que a mitad de 2022 no ha presentado aún información alguna de la liquidación de los presupuestos de 2020 (218 son navarros).
Según su preámbulo, la Orden de 2012, que concreta las obligaciones legales de información de las Administraciones de la Ley de Estabilidad, advierte que su objetivo es aumentar la transparencia que contribuye “a la rendición de cuentas y a un mejor control de la gestión pública”. Se insiste en que su cumplimiento sirve para mejorar la credibilidad y la confianza en la economía española. “Contar con una información de mejor calidad mitiga los problemas de asimetría y disipa incertidumbres sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas españolas, pues permite un seguimiento más riguroso de su situación económica y financiera”, señala.
Sin embargo, el legislador (los partidos políticos) ha sido muy benigno para quienes incumplen esta obligación ya que se ha olvidado de establecer sanciones económicas, administrativas o incluso políticas. Según dicha Orden, el incumplimiento de las obligaciones de remisión de estos datos, tanto en plazos, contenido e idoneidad o el modo de envío, “da lugar a un requerimiento”. En este sentido, el ayuntamiento dispone de 15 días para resolverlo y, si no se corrige, se hace público y aquí acaba la actuación sancionadora del Estado. Es lo que ha sucedido ahora.
Así, según el último informe del ministerio de Hacienda la totalidad de los 271 ayuntamientos de Navarra (y la diputación) y los 253 del País Vasco (y sus tres diputaciones) figuran en esta lista de incumplimiento de las obligaciones de información presupuestaria pese a que la disposición transitoria única de la norma señala directamente que también “la presente Orden será de aplicación a la Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
Ranking de ayuntamientos incumplidores
En la lista de incumplidores se encuentran también el 82% de los ayuntamientos de Castilla La Mancha (752 frente a los 735 del año anterior); el 71% de los riojanos (123 frente a 114); el 66% de los de Castilla y León (1.487 frente a los 1.436); el 60% de los madrileños (107 frente a 94); el 51% de los aragoneses (375 frente a 363 de 2020); el 46% de los baleares (31); el 45% de los gallegos (142); el 44% de los de Extremadura (172); el 42% de los asturianos; el 36% de cántabros (38); el 34% de los andaluces (268); el 33% de los catalanes (319); el 29% de los murcianos (13); el 25% de los canarios (22); y el 20% de las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana (107). En número, Castilla y león lidera el ranking ya que dispone de la mayor concentración de ayuntamientos en España (2.248).
En todo caso, la ley de Estabilidad determina “medidas correctivas”, pero no el supuesto de esta obligación de información sino en el caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de regla de gasto”, y que tendría trascendencia a la hora de concesión de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central.
En el lista de incumplidores se encuentra el 82% de los ayuntamientos de Castilla La Mancha
Todos los ayuntamientos estaban obligados a presentar a la Administración General del Estado en los primeros meses de 2022 seis tipos de información: la ejecución del cuarto trimestre de 2020; los presupuestos de 2021; la ejecución de los presupuestos del cuarto trimestre de 2021; el coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales en 2020; las líneas fundamentales de los presupuestos de 2022; y los planes presupuestarios a medio plazo entre 2022 y 2024.
Al menos 753 corporaciones (17% de las que no suministran los datos) incumplen las seis demandas de información. Entre ellas se encuentran: el 82% de todos los ayuntamientos navarros (220); el 24% de los de Castilla La Mancha (180); el 15% de las de Castilla y León (224) y de La Rioja (18), así como, por ejemplo, el 13% de las corporaciones incumplidoras de Baleares (4) y de Madrid (14).
Aunque también hay localidades con un número considerable de habitantes (y de gasto presupuestario), como Vitoria o la gaditana Barbate (22.761 habitantes) o la madrileña Arroyomolinos (33.687), en este grupo de mayores incumplidores abundan los pequeños y medianos ayuntamientos, ineficientes en la mayoría de los casos y sin apenas capacidad administrativa ni de gestión económica o financiera.
Se trata de otra de las eternas reformas pendientes de los políticos ya que España conserva desde hace más de dos siglos la misma estructura local y, salvo la excepción de la fusión entre los ayuntamientos extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, no ha hecho más que aumentar hasta esas 8.131 entidades en la actualidad. Casi un 30% (215) de esos 573 ayuntamientos que incumplen los seis parámetros de información requerida tienen menos de 100 habitantes.
Se trata de otra de las eternas reformas pendientes de los políticos, ya que España conserva desde hace más de dos siglos la misma estructura local
El récord lo tiene Illán de Vacas (Guadalajara) que cuenta tan sólo con tres habitantes. Le siguen: Villanoya en La Rioja con 5 habitantes; Valtablado del Río (Guadalajara) con 8 habitantes; Arandilla del Arroyo (Cuenca) con 7 habitantes; o las también localidades de Guadalajara como Estriégana y Pinilla de Molina, ambas con 10 habitantes. Pero, hay excepciones, ya que existen muchos ayuntamientos pequeños que cumplen con la obligación informativa o que sólo incumplen con alguno de los seis requisitos demandados. Por ejemplo, Hontecillas (Cuenca), que cuenta con 62 habitantes, sólo incumple el parámetro informativo de los costes de sus servicios mientras que Vindel (también de Cuenca), con 11 habitantes, incumple 3 (ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2020 y del mismo periodo en 2021 así como los costes de los servicios prestados).
Es precisamente este último parámetro el que mayores incumplimientos acarrea a los ayuntamientos. Así, de los 4.529 incumplidores totales, 3.359 (casi el 75%) no informan de estos costes efectivos de los servicios prestados. Cuando el PP elaboró la ley reguladora de esta información obligatoria en 2012 se encontró con que cada corporación empleaba un criterio particular y tenía un coste distinto para un mismo servicio.
El ministerio de Hacienda intentó hacer una tabla estándar de precios, pero nunca se pudo llevar a efecto. El segundo mayor incumplimiento es el de los datos sobre la liquidación del presupuesto del cuarto trimestre de 2020 (casi 3.500 ayuntamiento incumplen este asiento) y, el tercero, es el de los presupuestos de 2021 (casi 3.400 incumplimientos). En su conjunto, esos más de 4.500 ayuntamientos incumplidores no facilitan unos 15.000 datos de sus presupuestos
