Ni bajar sueldos, ni fusionar ayuntamientos, ni eliminar diputaciones. La reforma de la estructura del Estado se basará en buscar eficiencias, economías de escala, la amortización de empleados públicos e, incluso, la redistribución del personal.
Sin embargo, en ningún caso se plantea que desaparezcan capas de la administración: el Gobierno no sólo se ha negado a suprimir las diputaciones, sino que de hecho va a reforzarlas con más competencias, algo que no extraña cuando el PP controla 28 de estos organismos territoriales frente a las seis del PSOE y cuatro de CiU.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunció ayer que las diputaciones prestarán los servicios mínimos obligatorios de todos los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, más del 90 por ciento del total.
Y pese a que vaciarán las funciones de estos consistorios, el Gobierno no propondrá la fusión de municipios, una medida que se ha tomado en muchos países para rebajar los costes. Ése ha sido el caso por ejemplo de Grecia, que ha reducido su número de 1.034 a 325. Y en la misma línea han actuado, antes o después, otros países como Alemania, Reino Unido, Francia o Dinamarca. En 2011, Berlusconi desmanteló en Italia hasta 36 provincias.
Sin embargo, el Gabinete de Rajoy se resiste a seguir la corriente imperante en Europa. “De ningún modo se va a reducir la representación democrática”, afirmó Beteta. A lo que apostilló que “miles de ediles no cobran”.
En España hay 8.116 municipios, de los cuales más del 90 por ciento presenta menos de 20.000 habitantes; el 80 por ciento cuenta con menos de 5.000 y la mitad, menos de 1.000.
UPyD estima que si se aplicase una política de fusiones a los más de 6.000 ayuntamientos de menos de 5.000 personas podrían recortarse concejales desde los 48.000 hasta unos 13.000. Por supuesto, no hay datos de cuánto cobran incluyendo las dietas y otros conceptos como la asistencia y, por lo tanto, resulta difícil calcular cuánto se ahorraría.
Sueldos y número de funcionarios
Pese a que el FMI haya recomendado a España que meta la tijera al sueldo de los funcionarios, Beteta explicó que se hará cualquier cosa con tal de evitarlo y que ya se había congelado salarios y extendido en dos horas y media semanales la jornada de trabajo.
No obstante, un capítulo donde sí se han producido ahorros es en el de personal público. Beteta adelantó que la Administración ha amortizado casi 160.000 empleados públicos hasta los 2,6 millones. Respecto al futuro, el secretario de Estado explicó que habría que plantear la posibilidad de reasignar funcionarios allá donde se precisen igual que se hace en las empresas privadas.
Sin más partidas sobre las que actuar, el Ejecutivo pretende que las diputaciones sean las que ajusten mediante economías de escala. Al sustraerles atribuciones a las corporaciones locales, algunos expertos opinan que se están aplicando de facto una suerte de fusiones frías entre municipios. Beteta aún ha de elaborar la reforma de las Administraciones Públicas y con esa legislación intentará concretar las competencias estableciendo los menores costes posibles, de modo que si los alcaldes quieren brindar más servicios, tendrán que sufragarlos con más impuestos.
Hacienda dará un periodo transitorio de un año con el fin de evaluar los servicios y luego traspasarlos según convenga. Y a este examen se someterán las mancomunidades para, si fuese necesario, ceder también sus prestaciones a la diputación.
