El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ampliado el plazo para pujar por la Ciudad de la Justicia, el mayor proyecto de concesión pública en marcha en España, ante el riesgo de que el concurso quede desierto. El plazo de presentación de ofertas, que vencía este jueves, se ha extendido al próximo 10 de noviembre.
"Se trata de un proyecto de una enorme complejidad en una situación económica muy complicada que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta. Precisamente, la Administración, con sus aclaraciones, quiere ofrecer una mayor evidencia y seguridad sobre las cláusulas de los pliegos", han explicado desde la Comunidad de Madrid.
Las constructoras siguen sin ver del todo claros los números del plan planteado por el gobierno regional. Así se encargaron de dejarlo claro en las últimas ponencias al efecto las compañías ACS que preside Florentino Pérez y FCC del magnate mexicano Carlos Slim, que, como informó este medio, se encontraban todavía a 48 horas para que venza el plazo haciendo números para presentarse.
Ambas empresas fueron las que, a un tiempo, más interés trasladaron a Sol y más dudas le plantearon sobre cuestiones como las condiciones en que se podría pujar a la baja y/o subcontratar el personal como en la forma en que la Administración asumiría una eventual revisión de los precios del canon. Tras la publicación de esta noticia, fuentes próximas a las conversaciones han precisado que el detonante de la decisión de la Comunidad de Madrid de acabar aplazando el concurso fueron "alegaciones" de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, que representa los intereses de las anteriores y de otras grandes constructoras.
"Una de las consultas más recurrentes hace referencia a la baja sobre el presupuesto base de licitación", han esgrimido desde Sol respecto al cambio en los plazos. "En consecuencia, se publicarán en el Perfil del Contratante aclaraciones relativas al comportamiento de la tarifa a lo largo de los 40 años de vida de la concesión para que el licitante pueda presentar una oferta con una mayor seguridad".
507 millones de inversión, 2.850 millones de ingresos
La Ciudad de la Justicia buscará aglutinar en un mismo enclave de 375.000 metros cuadrados las actuales 28 sedes judiciales de la Comunidad. Lo haría, según fuentes del sector de la arquitectura, de una forma más modesta que la iniciativa frustrada de Esperanza Aguirre en 2004. Tanto más, que desde fuentes del mercado de la construcción se venía advirtiendo de que los números podrían quedarse cortos en atractivo potencial y provocar que el concurso acabe finalmente desierto.
El coste de las obras está cifrado por la Comunidad de Madrid en unos 507 millones que los adjudicatarios deberían afrontar. En el tramo final de las conversaciones con las constructoras, los técnicos autonómicos han incidido en la posibilidad de financiar hasta un 50% del coste de los trabajos de infraestructura con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones.
El Ejecutivo madrileño ha planteado un proyecto de construcción -durante cuatro años- y concesión por otros 36 años a cambio de una promesa de ingresos para los inversores privados estimada en unos 2.850 millones de euros (sin IVA) incluida una eventual revisión de los precios del 20%
El Ejecutivo madrileño ha planteado un proyecto de construcción -durante cuatro años- y concesión por otros 36 años a cambio de una promesa de ingresos para los inversores privados estimada en unos 2.850 millones de euros (sin IVA) incluida una eventual revisión de los precios del 20%.
En paralelo, el canon podría ajustarse al alza -hasta el 20%- una vez agotados los primeros dos años del contrato y el primer 20% del presupuesto, tomándose como referencia para la revisión de precios -que no estaría directamente ligada a la inflación sino a distintas variables- el año de la formalización.
El horizonte del Ejecutivo madrileño es que las obras estén terminadas entre finales de 2026 y principios de 2027. Según sus cálculos, la obra podría acabar reduciendo en más de un 25% el presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructuras judiciales, de 72 millones a los citados 49,35 millones.
