El Gobierno responde a la decisión del Tribunal Supremo. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que modificará la ley para que sea el sector bancario quien asuma el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas, tal y como adelantó este medio. Un escenario que ya esperaba el sector financiero y para el que pondrá en marcha un 'plan B'.
La banca adaptará su oferta hipotecaria para que sea el cliente quien pague este impuesto, según señala a este medio fuentes financieras. Las entidades asumían esta decisión del poder ejecutivo tras el respaldo que recibió por el fallo del Tribunal Supremo.
"Nosotros queremos que lo pague la banca", ha dicho el jefe del Ejecutivo; "nunca más lo van a pagar los ciudadanos" por "responsabilidad, compromiso social y para garantizar la seguridad jurídica" en España. El anuncio ha llegado tras una reunión de varias horas con la vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros de Economía, Nadia Calviño; Hacienda, María Jesús Montero; y Fomento, José Luis Ábalos, para encontrar una solución al malestar social desatado por la sentencia del pleno de la Sala Tercera del Alto Tribunal.
El Real Decreto Ley que prepara el Gobierno deberá ser convalidado por el Congreso. Su aprobación provocará la respuesta bancaria que se trasladará, al menos en parte, al cliente encareciendo las hipotecas. Una reacción a su derrota con el Gobierno que se produce tras su victoria con el Tribunal Supremo. Un triunfo que celebra esta jornada el sector en Bolsa.
El movimiento del Gobierno no se quedará en este Real Decreto Ley. El Ejecutivo de Pedro Sánchez remitirá a las Cortes en las próximas semanas la creación de la autoridad independiente de los clientes financieros para "garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos". Un movimiento que buscaría defenderse de la posible respuesta de la banca.
Un nuevo movimiento en el conflicto
Las palabras del presidente del Gobierno este miércoles se producen tras la controvertida decisión del Supremo, tras dos días de duro debate interno. El Alto Tribunal consensuó que el impuesto de actos jurídico lo siga pagando el consumidor y no la entidad con la que se firma la hipoteca. Un gravamen que oscila entre los 1.000 euros y los 3.000 dependiendo de la comunidad autonomía donde se firmara.
El hecho de que el Alto Tribunal haya reculado con respecto a la doctrina establecida el pasado 18 de octubre supone una importante victoria judicial para los bancos, que se ahorrarán el pago de 640 millones de euros al año si no tienen que asumir el gravamen, según los cálculos realizados con la agencia de calificación de riesgos Moody's.
No obstante, el fallo también representa un alivio para la Agencia Tributaria, ya que, si se hubiera decretado una retroactividad de cuatro años, las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver hasta 5.000 millones de euros a los clientes por el impuesto de la hipoteca, según los cálculos de Hacienda.
