El hecho de que las administraciones públicas paguen tarde a los proveedores puede salir muy caro a las empresas españolas. Así lo señala el Banco de España en su última publicación titulada 'Análisis de la evolución reciente de la deuda comercial de la Administraciones Públicas españolas', donde recuerda que estos retrasos y una cuantía elevada de deuda comercial pueden tener consecuencias muy negativas para las empresas proveedoras, sobre todo en momentos de restricción crediticia como los de la última crisis.
Y esta situación es aún más importante en un país como España en el que la mayor parte del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas que se enfrenta a mayores dificultades de financiación. Por eso, en España, un retraso en el pago por parte de las administraciones públicas puede suponer que la empresa tenga que ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación.
De hecho, la cosa puede empeorar. Si finalmente la administración en cuestión no paga las facturas pendientes, el impacto puede ser aún más significativo, dependiendo de la estructura y la magnitud de los créditos comerciales, llegando, incluso a poner en riesgo su viabilidad. Y el efecto agregado podría verse aumentado si la quiebra de una empresa comportara el cierre de otras que dependieran de la misma.
La creación del Fondo de Pago a Proveedores durante la crisis redujo la caída de la inversión y ayudó a generar empleo
En definitiva, el Banco de España avisa de que un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número importante de administraciones, como pasó durante la crisis, podría tener un efecto importante sobre la actividad del país. Por eso, precisamente, el Gobierno creó el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), que inicialmente afrontó el pago de la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos acumulada hasta 2011.
Pero lo cierto es que se fue ampliando a lo largo de la crisis para que cubriera deudas posteriores a ese año. La puesta en marcha de este instrumento, según el supervisor, supuso un soporte para la actividad económica al facilitar la viabilidad de las empresas proveedoras, reducir la caída de la inversión e incentivar la generación de empleo.
El FFPP se extinguió en diciembre de 2014 pasando a formar parte de los Fondos de Financiación de las CCAA y las entidades locales. Según el banco emisor, la reducción de deuda comercial que supuso la puesta en marcha de estos instrumentos ha permitido contener el periodo medio de pago en los últimos años.
Alemania y Reino Unido, en tiempo
Aún así, desde una perspectiva internacional, solo Alemania y Reino Unido han sido capaces de mantener sus plazos de pago por debajo del límite legal en los últimos años. Históricamente, España se ha situado por encima del promedio europeo, tanto en deuda como en retrasos, pero esa diferencia se ha contenido estos años.
De hecho, según un informe de Intrum, hasta el año 2014 el periodo de pago promedio de las AAPP fue de 124 días sobre el límite legal de 30 días. En 2018, este plazo se ha reducido a 28 días. El volumen de deuda comercial también se ha corregido y está por debajo de la media europea desde 2017.
¿Qué dicen los datos de Hacienda? Se publican solo desde 2014 y sostienen que solo la Seguridad Social se ha ajustado a la ley al tardar 30 días en pagar a sus proveedores en 15 de los 49 observados, el resto de las administraciones no han conseguido pagar a tiempo, a pesar de que han reducido notablemente los tiempos.
