El recurso de Bankia contra la fianza civil solidaria de 800 millones por la salida a Bolsa aporta pocas novedades en los argumentos jurídicos defendidos en los escritos de Rodrigo Rato y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, el escrito de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri destaca por el elevado tono de su crítica a la medida cautelar impuesta por el juez Fernando Andreu. La entidad acusa al instructor del caso Bankia de utilizar únicamente su "propio criterio personal" para fijar el importe de la fianza.
"Esa forma de cuantificar el importe de la fianza mediante la utilización de criterios meramente relativos que no gravitan sobre dato empírico alguno, resulta ciertamente improcedente", aseguran los letrados de Bankia en su recurso, al que ha tenido acceso Vozpópuli. "Si el Juez Instructor carece aún de elementos objetivos para la cuantificación de los eventuales perjuicios", prosigue el escrito, "no puede sin más sustituirlos por su propio criterio personal para exigir una fianza a tanto alzado que no responde a otra justificación que a su propia apreciación subjetiva. Lo razonable sería continuar con el procedimiento y posponer la decisión sobre el aseguramiento de las supuestas responsabilidades civiles al momento en que las mismas se encuentren suficientemente perfiladas".
Bankia razona que aún no se ha cuantificado en la causa un perjuicio efectivo para los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa, pues el mismo no es tan sencillo de determinar. El eventual perjuicio causado a los inversores no puede serlo por el importe desembolsado por cada uno de ellos para suscribir las acciones en julio de 2011, "sino que resultaría necesario acreditar qué iniciales suscriptores habrían vendido ya sus acciones y a qué concreto precio, y en el caso de aquéllos inversores que aún no las hayan vendido, cuál sería la minusvalía que podrían sufrir en el momento de la venta", explica el recurso de la entidad. Para sustentar esta argumentación, la entidad invoca la página 181 del informe del perito del Banco de España Antonio Busquets.
Bankia y su matriz BFA solicitan también la anulación de la fianza asegurando que son suficiemente solventes para hacer frente a la posible condena de la vía penal
"Consciente de que en la causa no se han cuantificado aún eventuales perjuicios concretos para los accionistas mediante la utilización de criterios técnicos, científicos u objetivos, el auto recurrido resulta en este punto ciertamente desconcertante al señalar a tanto alzado una fianza de 600 millones de euros (incrementada luego en un tercio tal como exige la normativa procesal), que resultaría de considerar como suma a afianzar un tercio del tramo no institucional de la OPS de unos 1.800 millones de euros, simplemente por entender dicha cantidad “proporcionada, adecuada y justificada a los fines que se persiguen”. Fuera de esa afirmación, no se encuentra en el auto la menor razón que justifique la fijación discrecional de la fianza en un tercio del tramo minorista", explicita el escrito del banco nacionalizado.
En sus recursos, tanto Bankia, como su matriz BFA, solicitan la anulación de la fianza civil solidaria de 800 millones contra estas dos entidades, además de Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú y José Luis Olivas, con el argumento de que es "lesiva".
"Si una acusación particular reclama una fianza de 33 millones y el juez opta por conceder una de 800 millones podría considerarse que está atendiendo una acusación particular como si fuera popular, algo para lo que sólo está legitimado el fiscal, que sin embargo no ha pedido este tipo de medida", reprochan los letrados de Bankia.
Ambas instituciones solicitan a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la anulación de la multimillonaria fianza previa celebración de una vista, pues llegado el caso no hay duda de que ambas entidades podrían hacer frente a una condena. Para Bankia, ese riesgo "sencillamente no existe" ante su "evidente solvencia", recogiendo así el argumento que dio la Fiscalía para oponerse al establecimiento de esta medida.
Mensaje preocupante a los mercados
Así, en su escrito precisa que algo menos de 10.700 de los 22.400 millones de euros que recibió se dedicaron a Bankia que, a 30 de septiembre de 2014, presentaba un patrimonio de 12.790 millones, lo que deja claro que, una vez recibido el citado apoyo, "el banco ha demostrado una capacidad notable de mejorar sus niveles de solvencia de manera autónoma".
Asimismo, el control de la entidad se encuentra en manos del FROB, que "evidentemente" no va a "permitir que se malbaraten los bienes" de la entidad. Ninguno de los imputados, señala, forma parte del equipo actual del grupo, que ha "auxiliado" en todo momento al Juzgado Central de Instrucción número 4, aportándole cuanta documentación le ha requerido y "actuando con total colaboración, transparencia y lealtad procesal".
La fianza no sólo resulta innecesaria, sino que "puede producir el efecto inverso" y acabar siendo "contraproducente para los eventuales perjudicados", ya que al dañar su imagen y reputación, "traslada un preocupante mensaje de incertidumbre a los mercados" que puede fácilmente "afectar a la cotización de su acción, con la consiguiente pérdida de valor para sus accionistas". Por otra parte, cuestionan que haya pasado por alto todos los documentos que hay en el sumario y declaraciones de gente tan competente, al menos, como los peritos judiciales, como son todos los responsables de la supervisión de la entidad en el Banco de España o la CNMV.
Bankia y su matriz afean al juez que se haya basado únicamente en el informe de los peritos judiciales, que además contienen errores, contradicciones y "disparidad" en sus conclusiones, que ya detectó un experto en contabilidad contratado por el grupo financiero y que vuelven a traer a colación en sus recursos. Como ejemplo, critican que el instructor se haya basado en que el catedrático Leandro Cañibano no contradice el informe de los peritos en cuanto a que las cuentas de la salida a bolsa de Bankia reflejaban su imagen real cuando en el primer párrafo de su informe dice lo contrario.
En este sentido, hace hincapié en la necesidad de contar "antes de adoptar medida cautelar de ninguna clase" con la opinión "más autorizada de todas las que podrían recabarse", es decir, y recogiendo las palabras del fiscal, con la "interpretación auténtica" del propio Banco de España y de la CNMV.
