Los 140.000 millones de euros que le corresponden a España del fondo creado por la Unión Europea para sortear la crisis de la covid-19 no serán gratis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo sabe bien. El texto suscrito por los 27 jefes de Estado y de Gobierno el martes pasado en Bruselas lo dice muy claro: para obtener las ayudas europeas habrá que hacer las reformas pendientes para modernizar las economías de los países receptores.
En el caso de España, y como contó este miércoles Vozpópuli, el Gobierno lo que tiene que hacer es seguir las 30 recomendaciones que la Comisión Europea ha recogido en sus informes sobre la economía española durante los años 2019 y 2020. Entre esas recomendaciones hay medidas que complicarán mucho la cohabitación de PSOE y Podemos en el actual Ejecutivo de coalición, pues afectan al mercado laboral y a las pensiones.
Sin embargo, el paquete de medidas también afecta a algo de lo que se habla menos pero que en Bruselas hace años que preocupa. Se trata de las distorsiones que la descentralización de España provoca en las cuatro libertades sagradas de la UE: libre circulación de personas, trabajadores, capitales y servicios.
Cinco reformas
Según subrayan año tras año los informes de la Comisión sobre España, la actual estructura autonómica ha compartimentado tanto el mercado español que supone una rémora para la competitividad general de la economía. Y se pone el foco especialmente en cinco problemas, para cuya resolución se proponen cinco reformas:
1.- Eliminar la fragmentación del mercado español, para lo cual habría que utilizar de forma más activa la vigente Ley de Unidad de Mercado.
2.- Simplificar y unificar la ingente reglamentación autonómica para favorecer que las empresas puedan operar en distintos territorios a la vez y beneficiarse de las economías de escala.
3.- Eliminar las restricciones regionales a la prestación de servicios. En este caso, un ejemplo claro son los horarios comerciales, que están en manos de las comunidades autónomas y que son diferentes dependiendo del territorio. En unos casos hay libertad total de horarios y posibilidad de que los comercios abran los domingos, mientras en otros las restricciones son enormes.
Estas cinco recomendaciones llevan sobre la mesa muchos años, pero quizás la condicionalidad de las ayudas provoque esta vez la reacción del Gobierno
4.- Reducir las barreras para la movilidad laboral entre las distintas comunidades. Bruselas no cita expresamente la obligatoriedad de saber el idioma regional para tener derecho a un puesto de trabajo público en algunas autonomías, pero es una de esas barreras en las que piensa la Comisión y que impiden, por ejemplo, que un médico extremeño pueda obtener trabajo en Cataluña o Baleares.
5.- Reducir la fragmentación del sistema nacional de asistencia al desempleo. Esta es una de las principales críticas que la Comisión siempre ha hecho al sistema laboral español. En Bruselas no se entiende que los servicios de desempleo, conocidos como Sepe, se gestionen de forma autónoma en cada comunidad. Según el Ejecutivo comunitario, eso lastra la movilidad laboral porque dificulta que un parado pueda encontrar empleo en otro territorio distinto al de su residencia.
Estas cinco recomendaciones llevan sobre la mesa muchos años, pero quizás la condicionalidad de las ayudas provoque esta vez la reacción del Gobierno. No obstante, teniendo en cuenta que Sánchez gobierna gracias al apoyo de una pléyade de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas, será muy complicado atender los requerimientos de Bruselas y mantener al mismo tiempo los apoyos logrados en la investidura. La legislatura, por tanto, será complicada para Sánchez si no logra sustituir a esos partidos por otras formaciones como el PP o Ciudadanos.
