Bruselas considera que la reforma de las Administraciones Públicas liderada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha quedado corta a la hora de establecer mecanismos de control en las administraciones locales y regionales, tal y como se desprende de las recomendaciones del Consejo Europeo publicadas el pasado miércoles.
Es más, denuncia que en los últimos meses han proliferado las irregularidades en la contratación pública; que falta un mayor control de los planes urbanísticos; que se precisa avanzar más en la supresión de duplicidades administrativas y que hay que mejorar aún más los procesos de elaboración de leyes.
Aunque reconoce que la reforma bautizada como Cora ha logrado ahorros presupuestarios visibles, también explicita que éstos se han conseguido sobre todo a nivel nacional -unos 20.000 millones según el Gobierno, la mayor parte de ellos por la reducción de plantilla en las diversas Administraciones-.
Acto seguido, Bruselas pone el foco sobre las Autonomías y las entidades locales: “Se han tomado importantes medidas para mejorar la transparencia de las decisiones administrativas, pero no se ha avanzado en el reforzamiento de los sistemas de supervisión, especialmente en la contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales. No se han tomado medidas para reforzar las facultades de supervisión en el ámbito de la contratación pública y la planificación urbanística”.
"No se han tomado medidas para reforzar las facultades de supervisión en el ámbito de la contratación pública y la planificación urbanística”, sostiene Bruselas
En su evaluación del Plan de Estabilidad y del Programa de Reformas, los técnicos de la Comisión Europea destacan que en los últimos meses ha aumentado considerablemente el número de presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de la contratación pública. Y subrayan que las más frecuentes atañen a las modificaciones ilegales de contratos, la división artificial de adjudicaciones para no tener que darles publicidad y el uso abusivo de procedimientos de urgencia y de mecanismos de cooperación entre entidades públicas.
"Estos son indicios de que existen defectos en los mecanismos de control durante el procedimiento de licitación y ejecución de los contratos públicos", sostienen los redactores del informe. La Comisión también señala que las sanciones vigentes no resultan lo suficientemente fuertes como para disuadir ni a los adjudicadores ni a los operadores económicos.
Por otra parte, en el ámbito de la racionalización del sector público, el Ejecutivo europeo apunta que todavía no se ha completado la eliminación de estructuras administrativas duplicadas. Éstas son las medidas "más difíciles de adoptar", comentan los hombres de negro.
La Comisión Europea apunta que todavía no se ha completado la eliminación de estructuras administrativas duplicadas
Además, la Comisión explica que el éxito de la reforma de las Administraciones depende en gran medida de las administraciones locales y autonómicas. "Puesto que la actual legislatura está llegando a su fin, existen riesgos ligados a la aplicación de las medidas restantes", concluyen.
Respecto a los procesos de elaboración de leyes, si bien la Comisión tilda como un paso en la buena dirección el anteproyecto que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo, también cree que ésta sólo aborda parcialmente dos aspectos imprescindibles para alcanzar la excelencia: por un lado, debe refozar todavía más la evaluación a posteriori de la legislación. Y por otro, la memoria obligatoria que valora el impacto normativo debería ser algo más completa, incluyendo sus costes, beneficios y posibles alternativas.
Tales afirmaciones suponen un jarro de agua fría para la reforma que tantas veces publicita la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De hecho, apenas se cumple una semana desde que el Ministerio de Hacienda presentase un anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público, que precisamente intenta atajar algunas de las dudas que albergan las instituciones europeas.
Hacienda prepara una ley de contratos que trata de responder a algunas de las exigencias de Bruselas
En la actualidad, no hace falta un concurso si se contratan obras por una cuantía inferior a los 200.000 euros o para cualquier servicio o suministro por importe inferior a los 60.000 euros. Por no hablar de la práctica habitual de trocear los contratos con tal de no tener que someterse a la publicidad, un auténtico nido de corrupción. No en vano, de los 6.800 millones que adjudicó el Estado central, unos 1.200 millones se brindaron sin publicidad alguna. Sin embargo, la nueva legislación pretende que todos los contratos de las Administraciones por valor de 18.000 euros en adelante tengan que publicarse en internet, de forma que cualquier empresario pueda presentarse. Una obligación de dar publicidad que además se extiende a los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y las empresas públicas.
Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente de esta reforma? Que tan sólo se presentó como anteproyecto y, por lo tanto, apenas se cuenta con tiempo para que realmente se apruebe en esta legislatura. En realidad, se está dejando para que el siguiente Ejecutivo la retome y pueda tenerla lista en unos cinco o seis meses desde el comienzo de su legislatura.
