La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó este jueves que ha iniciado "un expediente sancionador" contra la Real Federación Española de Fútbol (asociación privada de utilidad pública) por "posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales de la Segunda División 'B' y Tercera División" que el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano le adjudicó por Decreto.
El órgano regulador del mercado abrió esta investigación contra la entidad que preside Luis Rubiales tras una denuncia presentada por la Asociación ProLiga ante unas prácticas por parte de la RFEF que "consistirían en atribuirse de manera exclusiva la explotación de todos los derechos audiovisuales" de estas dos competiciones, "en detrimento de los derechos que correspondan a los clubes participantes en las mismas, abusando de su posición de dominio como entidad organizadora de las competiciones".
"La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte de la CNMC", informan desde el órgano regulador.
Adjudicación por 'decreto covid'
Polémica fue ya la adjudicación hace unos meses de esos derechos, dentro de un decreto de "medidas urgentes" para impulsar la economía ante el coronavirus.
El Ejecutivo entregó potestad a la RFEF (asociación privada de utilidad pública) para llevar a cabo lo que en el mercado se denomina "la venta centralizada de los derechos televisivos" de los clubes bajo su tutela directa.
Paradigmático era el caso del fútbol femenino. Según fuentes del propio CSD, dicha venta centralizada debía entrar en vigor en 2022, ya que la mayoría de los clubes tenían contratos en vigor hasta entonces. Lo contrario, sería una "expropiación", aunque lo cierto es que el decreto no precisaba fechas y se aprobó con la justificación de la covid.
