El pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar para dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y crear una autoridad energética independiente ha vuelto a dividir al organismo, donde las diferencias existentes entre algunos consejeros se han evidenciado últimamente. Hay vocales de la CNMC que consideran que la actual fórmula es la más adecuada, dado que favorece las sinergias entre las distintas áreas y fortalece la toma de decisiones en su Consejo. Sin embargo, hay voces críticas que señalan sus asimetrías y sus disfuncionalidades, tanto en público como en privado.
Dentro del Consejo también han surgido críticas porque el acuerdo de investidura entre las dos principales fuerzas de izquierda contemple la futura creación de una autoridad nacional de la energía, lo que implicará que la CNMC pierda las competencias sobre este sector cuando faltan pocos meses para que inicie el nuevo debate sobre aspectos que afectan a la factura de la luz, como los relacionados con los peajes y los cargos.
Esta decisión política destierra una reflexión más profunda sobre la idoneidad de mantener unida la CNMC o fragmentarla, el cual se ha planteado en varias ocasiones durante los últimos años. De hecho, el exministro de Economía Román Escolano llegó a anunciar en abril de 2018 la existencia de un proyecto para dividir el organismo en dos entidades: una dedicada a la competencia y la otra, a la regulación.
El proyecto lo frenó Nadia Calviño y, aunque hubo algún intento de resucitarlo, el debate no prosperó. Ahora, se recuperará a través de un acuerdo que –temen fuentes del organismo- ha surgido a partir del debate populista que genera todo lo relacionado con la energía y el precio que pagan los ciudadanos por ella.
Estos informantes inciden en que dentro de la negociación entre el PSOE y Sumar también se planteó la posibilidad de conformar un regulador independiente de telecomunicaciones. Sin embargo, desde el ministerio de Calviño –donde está la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones- se desaconsejó.
Rotación de consejeros
Hay quien también ha puesto el foco sobre determinadas ‘anomalías’ internas que han sido comunes desde 2013. Uno de los representantes más activos en este sentido es el exconsejero Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y actual miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Recientemente, Bacigalupo abordaba en público el debate sobre la posibilidad de trocear los reguladores y lanzaba dos mensajes. Por un lado, que “no toda autoridad integrada lo es real o materialmente”. Por otro, que “los modelos integrados con ‘sesgo hegemónico’ (…) propenden a desdibujar y debilitar las áreas minorizadas y, por ello, no suelen dar buenos resultados.
Dentro del organismo, esto se interpretó como una crítica velada a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y a su predecesor, José María Marín Quemada, quienes en distintos momentos de su mandato han sido acusados de ejercer su función con demasiado 'presidencialismo'.
De hecho, fuentes internas recuerdan que el propio Bacigalupo expresó su disconformidad en su día cuando la presidenta del organismo trató de moverle desde la Sala de Supervisión Regulatoria a la de Competencia. Cani Fernández no logró sacar adelante esa rotación, que surgió en un momento en el que la figura de Bacigalupo había sido señalada por una parte de la oposición parlamentaria por tener asumidas materias energéticas en la CNMC mientras su mujer encabezaba el ministerio de Transición Ecológica.
Un voto particular
No ha sido el único consejero que se ha opuesto a este tipo de decisiones en los últimos meses. De hecho, el pasado septiembre, después de que varios vocales cambiaran de sala, el consejero Xabier Ormaetxea presentó un voto particular en el que se opuso de forma frontal a la decisión del Consejo, aprobada con 3 votos favorables, 3 abstenciones y 1 sufragio en contra.
A su juicio, y según se refleja en el citado documento, tanto su rotación como la de Bernardo Lorenzo un tiempo antes fueron ilegales, en cuanto a que eran contrarias a lo que dicta la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 2017, que obligó a readmitirlos en la CNMC después de haber sido cesados tras la creación del organismo y a iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El voto firmado por Ormaetxea también denunciaba que el movimiento planteado por la presidenta del organismo era peligroso, en cuanto a que rompía la estabilidad de las dos salas de la CNMC, cuyas funciones son muy distintas. “No debe pues confundirse el principio de rotación con el de ‘centrifugación’. Ello sólo conlleva un grave perjuicio hacia la Sala de Supervisión Regulatoria”.
Sea como sea, otros informantes del organismo lamentan que los partidos no planteen el debate sobre el funcionamiento de la CNMC de una forma más profunda y aborden aspectos como el relacionado con su gobernanza, con la distribución de sus recursos o con las dificultades que muchas veces implica el destinar recursos humanos a una determinada área en momentos de sobrecarga de trabajo.
Sor Intrepida
Hay que ver cuanto chiringuito y cuanta gente viviendo de eso.Con y sin coche oficial.
albertinho
Cuanto más regulados están los sectores en general peor van. Liberalizad y si creéis que se puede vender más barata poner una pública (lo era Endesa pero con gestión pública evidentemente era la ruina. Con el suelo igual, sed un poco menos inflexibles con lo que se puede construir y veréis como se construye y bajan los precios de vivienda. Es igual que el PP con la amnistía, si no se impide es porque en el fondo no se quiere impedir.