La liquidación de las concesionarias de autopistas de peaje en situación de quiebra supondría un coste de unos 5.000 millones de euros para el Estado. Los cálculos de Seopan, la patronal de los grandes grupos de infraestructuras y concesiones, siguen apuntando a una elevada factura para el Gobierno, aunque actualmente el asunto no es prioritario para el Ministerio de Fomento.
Al menos, así lo afirmó Julián Núñez, presidente de Seopan, quien aseguró que el Ejecutivo, constituido el pasado mes de noviembre, tomó con mucha fuerza el asunto en las primeras semanas del año pero este empeño no ha tenido continuidad posteriormente. "Hablamos con el Gobierno sobre este asunto pero ahora mismo no es su prioridad", admitió Núñez.
El presidente de la patronal constructora insistió en que la cifra correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, el coste de las inversiones que no han sido amortizadas y que tendría que asumir el Estado en el caso de que las concesionarias quebraran, "tiene difícil discusión". Los cálculos de las sociedades, al cierre de 2016, se sitúan en 4.032 millones de euros, a los que hay que añadir 625 millones de préstamos participativos y unos 400 millones de sobrecostes de expropiaciones con cargo al Estado que aún no han sido abonados.
Seopan considera que al margen de las tres concesionarias que ya se encuentran en fase de liquidación, las cinco restantes podrían encontrar una solución, bien vía convenio de acreedores, bien a través de una reestructuración de la deuda financiera, para lo que la mayoría de los interlocutores son fondos oportunistas, que han adquirido a la banca ya un 80% del total de la deuda relacionada con las autopistas de peaje en quiebra.
Conflictividad jurídica enorme
"Todos sabemos qué objetivos persiguen estos fondos. Han comprado deuda a precio de derribo y quieren optimizar al máximo esta inversión en poco tiempo". Por ello, Núñez prevé "una enorme conflictividad jurídica" en este proceso.
La patronal tiene previsto plantear la necesidad del pago por utilización de las infraestructuras, aunque considera que el actual no es el momento más oportuno. "Primero hay que ver las prioridades del Gobierno en materia de gasto público. Pero si se dejan de ingresar los 1.000 millones de euros al año que actualmente se obtienen de las autopistas de peaje habrá que preguntarse de dónde van a salir para seguir manteniéndolas. Y esto es extensible a otro tipo de infraestructuras, como las relacionadas con el agua y los residuos urbanos, en las que tenemos un déficit que nos costará sanciones de la Unión Europea".
La obra pública, en mínimos
Seopan presentó un preocupante balance de 2016, con un descenso del 32% en la contratación de obras por parte del sector público respecto al pasado ejercicio. La licitación descendió un 4% en obra civil y un 74% en concesiones, por lo que las tres series se sitúan en sus mínimos históricos.
De acuerdo con los últimos datos de la Unión Europea, correspondientes a 2015, la inversión pública en España se elevó a 27.000 millones de euros, un 60% menos que la media de las cuatro mayores economías del Viejo Continente.
Las únicas cifras positivas se centran en la actividad residencial, con un incremento del 29%, y en el tráfico de las autopistas de peaje, que aumentó un 5,6%.
