El nuevo Gobierno que salga de las elecciones de diciembre tendrá que solicitar a la UE un aplazamiento de los objetivos de déficit público, según indican diversas fuentes tanto del ámbito de Bruselas como cercanas al Gobierno. No hay otra para poder evitar un ajuste fiscal en 2016 que podría lastrar la recuperación justo cuando además se ralentiza la economía en el exterior.
A pesar de que el informe de la Comisión sobre los Presupuestos españoles pedía que se tomasen medidas "lo antes posible", el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Drombovskis, matizó en la rueda de prensa que ese "cuanto antes" se refiere al siguiente Gobierno que emerja de las urnas. Es decir, la presión de este Gobierno ha surtido efecto, y con el respaldo de Berlín se salva la cara de Rajoy en la antesala de las generales. Así que el nuevo Gabinete será el que tenga que ponerse a negociar con la UE desde el primer día, y precisamente ahí es cuando tendrá que pedir algo de árnica.
Poco importa ya el 2015, un año que se da por finiquitado y en el que el objetivo de déficit podría errarse por tres décimas a decir de la Comisión. De hecho, para lo que queda de ejercicio el Ejecutivo comunitario tan sólo exige al Gobierno de Rajoy que sea muy estricto con la ejecución presupuestaria. Fruto de las presiones de la última semana, incluso se ha añadido que también hay posibilidades de que se cumpla con el objetivo si los ingresos tributarios siguen sorprendiendo al alza y el crecimiento del PIB supera la barrera del 3 por ciento, tal y como prevé el Gobierno del PP.
El problema reside en el cumplimiento del objetivo de déficit de 2016, cuya desviación estima la Comisión en el orden de los 7.000 millones de euros
Sin embargo, el problema reside en el cumplimiento de las metas de austeridad en 2016. En ese ejercicio el grado de desviación respecto a los compromisos adquiridos será demasiado elevado. En principio, habría que reducir el desfase presupuestario del 4,2 por ciento del PIB hasta el 2,8 por ciento, un esfuerzo de unos 14.000 millones de euros que pocos países han abordado de una sola tacada.
Por más que los ingresos y el denominador del PIB crezcan, los números no cuadran, máxime si además hay que añadir una desviación de varias décimas arrastradas del 2015. La propia Comisión Europea pronostica que el año que viene la meta se incumplirá por siete décimas. O lo que es lo mismo, para compensar ese agujero hará falta un ajuste fiscal por valor de 7.000 millones de euros, una cifra equivalente a toda la rebaja fiscal aprobada por Montoro.
Semejante ajuste implica que cualquier promesa electoral se va a incumplir. A menos que se consiga clemencia en Bruselas, el giro hacia la austeridad después de la resaca electoral será inevitable, igual que ocurrió en 2012 tras la victoria del Partido Popular. Incluso si se logra un aplazamiento, se seguirá sometido a la tutela del procedimiento de déficit excesivo, y bajo ese corsé se antoja harto complicado que se puedan aplicar tal cual promesas como la de más rebajas fiscales del PP, el complemento salarial de Ciudadanos o deshacer la reforma laboral y restablecer el gasto sanitario y en educación como defiende el PSOE. De hecho, entre la oposición abundan las quejas de que el Gabinete de Rajoy se ha chupado todo el margen de estímulo fiscal en un año en el que precisamente no hacía falta.
A la hora de pedir una relajación de la senda de consolidación fiscal, el inconveniente radica en que, a juicio de las más altas instancias europeas, los Presupuestos de 2016 contemplan demasiadas alegrías. "Eso de bajar impuestos y subir sueldos a los funcionarios cuando todavía no se han consolidado las cuentas ha molestado mucho en Bruselas. Y está por ver que se conceda. Aunque claro, si se le dio a Francia e Italia…", explican fuentes cercanas al Ejecutivo español.
A menos que se consiga clemencia en Bruselas, el giro hacia la austeridad tras la resaca electoral será inevitable. Igual que ocurrió en 2012 después de la victoria del PP, parece difícil que se pueda cumplir con muchas de las promesas electorales
Estas fuentes alegan que España ya ha acometido un recorte de unos seis puntos del PIB y que lo importante es que la trayectoria sigue siendo descendente. No en vano, la principal razón del excesivo déficit se achaca a las altas tasas de paro. A poco que se corrija el desempleo, el agujero presupuestario disminuye rápidamente. Y a ese argumento deberá aferrarse el próximo Gobierno para evitar un tajo feroz a las cuentas.
Sin embargo, los técnicos de la Comisión aducen que el Gobierno de España también está incumpliendo los esfuerzos estructurales, aquellos que no tienen en cuenta el efecto del ciclo sobre las cuentas. Si el déficit estructural debería bajar un 0,8 por ciento del PIB en 2015 y un 1,2 en 2016, éste de hecho sube siete décimas y se coloca según la Comisión en el 2,5 por ciento a cierre de 2016, una cosa completamente intolerable para los llamados hombres de negro porque significa que el grueso de la corrección en realidad descansa en el ciclo.
Además, Bruselas critica que no se hayan actualizado los planes presupuestarios de las Comunidades Autónomas y que el gasto en personal vaya a aumentar en 2015 más de lo que cree el Gobierno. Respecto a 2016, los economistas de la Comisión basan su predicción de incumplimiento en tres puntos:
El primero, que se empieza desde una posición peor porque se incumplirá la meta de 2015 y porque la reciente revisión del INE ha rebajado el PIB y, por lo tanto, recortado el denominador.
Segundo, los analistas del Ejecutivo comunitario consideran que España crecerá menos de lo que espera el Gobierno de Rajoy, sobre todo después de la desaceleración de las economías emergentes. En concreto, los servicios técnicos de la Comisión vaticinan un incremento del PIB del 3 por ciento en 2015 frente al 3,3 apuntado por la Moncloa. Y en 2016 sitúan la tasa en el 2,7 por ciento frente al 3 que augura el Gobierno.
Y tercero, la Comisión pone en duda que el Gobierno consiga que las Comunidades Autónomas y los municipios restrinjan el gasto tanto como se indica en sus proyecciones presupuestarias. El informe se queja de que no se especifiquen bien algunas medidas, de que otras probablemente no brinden los ahorros deseados y de que no se ha avanzado lo suficiente a la hora de limitar el gasto sanitario.
Por si esto no fuera poco, las instituciones europeas estiman que la deuda pública se situará en el 99 y el 99,5 por ciento del PIB en 2015 y 2016 respectivamente, por encima del 98,7 y el 98,2 que proyecta el plan presupuestario del Ministerio de Hacienda. O lo que es lo mismo, en opinión del Ejecutivo comunitario todavía no se habrá estabilizado la deuda en el 2016 tal y como asegura el Gobierno de Rajoy.
