El pasado miércoles la Comisión Europea presentó las recomendaciones por países que tradicionalmente elabora tras fijar sus previsiones de primavera y analizar los últimos documentos que recibe de los países miembros, como los planes de estabilidad o los programas nacionales de reformas. En el caso español, las recomendaciones marcan las líneas generales que debería aplicar el próximo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio.
La primera recomendación y la más importante es garantizar la correcta y duradera corrección del déficit excesivo en 2016 y 2017. En concreto, Bruselas pide a España que reduzca el saldo desde el 5% del año 2015 al 3,7% en 2016 y al 2,5% en 2017. Estas cifras difieren de las que incluyó el Gobierno en la actualización del Plan de Estabilidad, que apuntan a un déficit un poco más ambicioso este año, del 3,6%, y algo más alto en 2017, el 2,9%.
La Comisión exige que se dediquen todos los esfuerzos a reducir el déficit
Para conseguirlo, la Comisión pide que se adopten las medidas estructurales “necesarias” y que todos los esfuerzos se dediquen a la reducción del déficit y la deuda. En concreto, reclama un ajuste del 0,25% del PIB en 2016 y del 0,5% del PIB en 2017, esto supone unos 8.000 millones en el conjunto del periodo. Sin embargo, el Gobierno ya ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad de gasto por valor de 2.000 millones para este año y ha reclamado un ajuste similar a las CC.AA., con lo que ya cumpliría con ese 0,25% que reclama la Comisión.
Además, Bruselas reclama que se apliquen las herramientas del marco fiscal a todos los niveles de gobierno. Con esto, la Comisión sugiere al Gobierno que sea más estricto con las comunidades autónomas, que fueron las principales responsables del desfase de 2015. De hecho, en el mes de marzo la Comisión emitió una recomendación autonómica en la que la pedía al Gobierno que exigiera más esfuerzos a las regiones.
Plan económico
Más allá de la exigencia de reducir el déficit para salir del procedimiento de déficit excesivo en 2017, la Comisión planteó también el miércoles otras 9 recomendaciones que marcarán la agenda económica del Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio:
1- Mejorar los mecanismos de control para la contratación pública y la coordinación de políticas de compra entre los niveles de gobierno.
2- Avanzar en la integración en el mercado laboral con medidas centradas en el apoyo individualizado y el fortalecimiento de la eficacia de la formación.
3- Mejorar la capacidad de los servicios regionales de empleo y reforzar su coordinación con los servicios sociales.
4- Eliminar las diferencias y disparidades en sistemas de ingresos mínimos y mejorar los sistemas de apoyo de la familia.
5- Adoptar nuevas iniciativas para mejorar la adecuación al mercado laboral de titulados universitarios, con incentivos para la cooperación entre las universidades, las empresas y la investigación.
6- Aumentar la financiación destinada a la investigación en las universidades y fomentar la inversión de I+D en el sector privado.
7- Acelerar la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado a nivel regional.
8- Garantizar la aplicación de reformas en el sector minorista en las comunidades autónoma.
9- Desarrollar la reforma de los servicios profesionales ya prevista.
Las propuestas del FMI
El pasado mes de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su informe 'Perspectivas Económicas Mundiales' en el que no incluía recetas individuales para cada país, pero sí planteaba una serie de prioridades para elevar el crecimiento en las economías más avanzadas y frenar la desaceleración en las emergente por si los riesgos llegan a materializarse.
Reducir la fiscalidad del trabajo
Sin referirse a España en ningún momento, el organismo decía que los países de la zona euro con tasas de desempleo juvenil elevadas, como España, deben suprimir los desincentivos al empleo y sustituirlos por políticas laborales activas que estimulen la demanda y eviten las cicatrices que deja el desempleo a largo plazo. Esto significa, reducir la fiscalidad sobre el trabajo para mejorar la cuña fiscal laboral.
