Las diputaciones provinciales gastaron en 2012 unos 5.382 millones, según los datos facilitados ayer por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
Esta cifra asciende hasta el entorno de los 22.000 millones si se suman las diputaciones forales y los consejos y cabildos insulares, de acuerdo con los datos compilados en un informe del Círculo de Empresarios.
La deuda de estas administraciones asciende además a los 6.979 millones en el primer trimestre de 2013, frente a los 5.392 millones registrados en 2007, prácticamente un 23 por ciento más desde el inicio de la crisis.
Lo inusitado de estos guarismos es que las diputaciones provinciales apenas tienen competencias, salvo por la recaudación tributaria llevada a cabo en nombre de algunos consistorios pequeños, el escaso mantenimiento de carreteras y la financiación de ciertos servicios y actividades culturales.
Es más, según el documento del Círculo de Empresarios, la mitad de sus presupuestos se destinan a sus gastos de personal, una ratio muy lejana de la normal en el conjunto de las Administraciones, que emplea aproximadamente 1 de cada 4 euros para sus nóminas.
Una defensa numantina
Sin embargo, el Gobierno ha iniciado la campaña para defender el reforzamiento de las diputaciones provinciales que recoge la nueva reforma local, la cual establece que éstas prestarán aquellos servicios que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no consigan gestionar a un coste estándar. Y no es de extrañar el porqué: el PP controla 28 de estos organismos territoriales frente a los seis que mantiene el PSOE y los cuatro de CiU.
Y con este propósito de defensa numantina de las diputaciones, Beteta brindó el martes algunos datos: las diputaciones han reducido su presupuesto global entre 2004 y 2014 desde los 5.744 millones a los 5.382 millones, un 6,3 por ciento menos. Y de estas 38 existentes en el régimen común, 21 aumentaron el gasto y 17 lo redujeron.
No obstante, semejantes cifras no entran a valorar qué funciones desempeñan las diputaciones y el hecho de que sus competencias hayan sido reducidas a la mínima expresión. Los ayuntamientos sí que han ido acaparando a lo largo de los años muchas atribuciones impropias y, sin embargo, durante la crisis han recortado el gasto desde los 76.323 millones desembolsados en 2009 hasta los 64.001 millones de 2012, esto es, un tijeretazo del 16,1 por ciento. Y sólo dedican un tercio de sus empleos no financieros a la remuneración de asalariados.
Otros ejemplos en Europa
El Gobierno insiste en esta vía de reforma de la organización territorial pese a que se considera que las diputaciones no tienen experiencia en la gestión; pese a que el Consejo de Estado lo ha criticado; y pese a que en el resto de Europa se ha optado por las fusiones de consistorios, como por ejemplo en Francia, Dinamarca, Suecia o Grecia. La misma Italia ha desmantelado hasta 36 provincias.
De hecho, en una encuesta elaborada por PwC en colaboración con el IE, la gran mayoría de las diputaciones pedían más personal y recursos si habían de asumir la prestación directa de servicios.
Críticas del Consejo de Estado
En su informe no vinculante sobre la reforma local, las críticas del Consejo de Estado tampoco se han quedado cortas: de un lado, censura que el coste estándar no esté debidamente regulado y que no se fijen factores correctores de éste, pues nunca es lo mismo dispensar un servicio en un municipio u otro.
De otro, en su dictamen recuerda que las diputaciones sólo son órganos de representación indirecta y añade: “No parece que el mantenimiento de las estructuras de municipios carentes de competencias se compadezca fácilmente con los objetivos de racionalización y eficiencia que impulsa la norma”.
