El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es lo más parecido a un “think tank”, un laboratorio de ideas. Su actual titular, Elma Saiz, ha convocado a los interlocutores sociales y las asociaciones de trabajadores autónomos para evaluar la marcha de la primera fase de entrada en funcionamiento del nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales que empezó el pasado año y finaliza en el año 2025.
Esta reunión se solapará con los comentarios que lleguen al Ministerio desde los distintos grupos de trabajo creados ad hoc sobre la posibilidad de aprobar la baja laboral flexible, que permitirá trabajar de alguna manera a aquellas personas con incapacidad temporal, igual que un desempleado que percibe un subsidio por su situación puede trabajar al mismo tiempo. Y es que desde hace un tiempo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se está especializando en conseguir imposibles y, por qué no, recordar a los españoles que un oxímoron, según la RAE, es “la combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido”.
Lo que debe estar meridianamente claro en el Ministerio que dirige Elma Saiz es que el nuevo sistema de cotizaciones sociales para los trabajadores autónomos basado en los ingresos reales de éstos no funciona. De acuerdo con la última ejecución presupuestaria del sistema de la Seguridad Social correspondiente al mes de agosto, los ingresos por cotizaciones sociales ascendieron en los ocho primeros meses del año a 108.789 millones de euros, un 7,9% más que en los mismos meses de 2023.
Pero hay una hecho indiscutible en este dato: todo el crecimiento es responsabilidad de las cotizaciones provenientes de los trabajadores del régimen general. Entre enero y agosto, la recaudación por este capítulo fue de 84.089 millones de euros, 6.171 millones más que en el mismo periodo de 2023 (+7,92%). El régimen especial de trabajadores autónomos contribuyó con 7.784 millones, apenas 103 millones más que hace un año, lo que arroja un crecimiento de sólo el 1,3%.
Contribución de los autónomos
En España, en el segundo trimestre de este año, estaban ocupados 3.238.000 trabajadores por cuenta propia, lo que supone el 14,93% de toda la fuerza laboral del país, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa que elabora trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, su contribución económica a la Seguridad Social es menos de la mitad de su representación numérica en el mercado laboral: apenas un 7,15% de los ingresos por cotizaciones sociales corresponde a los autónomos.
Los trabajadores por cuenta propia siempre han tenido la posibilidad de cotizar por mínimos o por máximos. Y con el nuevo sistema basado en ingresos reales, también lo seguirán haciendo. Este año, en función de sus rendimientos, la cotización mínima baja de 230 euros a 225, y la máxima sube de 500 a 530 euros y disponen de 15 tramos para elegir. En 2025 la mínima seguirá bajando a 200 euros y la máxima seguirá subiendo hasta 590 euros.
La tradición y la estadística indican que alrededor del 85% de los trabajadores autónomos cotiza por mínimos, porcentaje que se eleva al 91% cuando se trata de trabajadores de menos de 47 años.
La consecuencia de cotizar la mayor parte de las veces por mínimos queda reflejada en las pensiones, pero una vez alcanzada la edad de jubilación no hay forma de revertir la situación. En España, en septiembre, con los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se pagaban 10,218 millones de pensiones, de las que 7,6 millones correspondía al régimen general y 1,99 millones, al régimen especial de trabajadores autónomos.
La diferencia es que mientras en el régimen general un jubilado cobra una pensión media mensual de 1.604 euros, en el de autónomos, la media de jubilación es de 965 euros, casi un 40% menos. En el caso de una pensión de viudedad, la diferencia es algo menor, un 32%: 955 euros, frente a 650 euros.
Desequilibrio en las pensiones
Según las estadísticas oficiales del INSS, un 65,4% de los trabajadores autónomos cobra una pensión de jubilación inferior a 1.000 euros; el 78,3%, inferior al salario mínimo interprofesional (1.134 euros). Únicamente el 4,39% de los autónomos cobra una pensión de jubilación de más de 2.000 euros mensuales y solo hay 4.796 pensiones de 3.175 euros brutos, la máxima.
En el régimen general, en el que se inscriben el 75% de los trabajadores españoles, un 32,7% de las pensiones son inferiores a 1.000 euros; el 46,35% están por debajo del SMI, pero el 31% superan los 2.000 euros; una de cada cinco (el 20,4%), los 2.500 euros, y 358.681 (el 7,5%) cobran la pensión máxima.
Si se toman como referencia las pensiones de viudedad, las segunda en importancia por número (hay 2,35 millones que pagar todos los meses, por un importe de 2.110 millones de euros), hay datos aterradores. El 94,37% de las pensiones de viudedad no alcanzan los 1.000 euros mensuales en el régimen de trabajadores autónomos, y el 97% no supera el SMI. Apenas 1.394 pensiones, el 0,3%, supera los 2.000 euros.
En el régimen general, las proporciones mejoran notablemente, aunque no son para echar las campanas al vuelo en una sociedad desarrollada. El 63,3% de las pensiones de viudedad no supera los 1.000 euros y el 71% no alcanza el SMI. Sin embargo, hay casi 60.000 pensiones por encima de los 2.000 euros mensuales.
