La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cree que España ha hecho los deberes para salir de la crisis pero debe optimizar aún más sus recursos, incluidas las ayudas a desempleados y estudiantes, señaló este viernes en Moscú el secretario general del organismo, José Ángel Gurría. Así, recomienda a España pagar las prestaciones de desempleo sólo a aquellos parados que busquen activamente un trabajo.
El documento señala que Madrid debe seguir "de manera más cercana los esfuerzos de búsqueda de empleo de los beneficiarios de prestaciones y vincular los pagos de beneficios a los resultados" y subraya que "la baja efectividad de los servicios públicos de empleo frena" la colocación de los desempleados en el mercado de trabajo. También repara en la educación como uno de los principales problemas de España y señala en su informe que el bajo nivel de educación secundaria y universitaria reduce la competitividad de los trabajadores y la productividad en general.
En la presentación del informe de la OCDE sobre sus propuestas de reformas económicas para este año, que coincidió con la apertura de la reunión de los ministros de Economía del G20, Gurría alabó los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades españolas para salir de la crisis.
"España ha hecho los deberes y ahora empieza a ver los primeros resultados. Ha caído la presión de los mercados", subrayó el jefe de la OCDE, que no dudó en pedir más implicación del Banco Central Europeo, que según Gurría podría ayudar a España sin esperar que Madrid le solicite el apoyo.
Aunque entre las propuestas del organismo para consolidar el crecimiento global figuran las inversiones en educación y sanidad, el secretario general de la OCDE no cree que España esté actuando en el sentido contrario de estas recomendaciones al recortar en los dos ámbitos. Entre las medidas adoptadas, los expertos alaban la restricción en el acceso a las becas universitarias y algunos aspectos de la reforma de educación obligatoria emprendida por el Gobierno.
Pone el acento en que la educación vocacional debe integrarse sobre el mismo plano con contratos de formación profesional y recomienda introducir un sistema de financiación que permita a todos los estudiantes universitarios costearse su carrera y devolver el préstamo tras su incorporación al mercado laboral.
Otra prioridad para que la economía española empiece a crecer es, según la OCDE, flexibilizar los salarios y vincularlos a las condiciones económicas de cada momento y no a los convenios colectivos o sectoriales.
Los expertos del organismo felicitan a España por las medidas adoptadas en este sentido en 2012, una de las cuales introduce el arbitraje obligatorio en la negociación de nuevos convenios. Pero recomienda a Madrid eliminar la prórroga de los convenios caducados cuando las partes no lleguen a un acuerdo para su renovación, fijado en la actualidad en un año.
La OCDE también aconseja a España crear un contrato único "cuya indemnización de despido sea inicialmente baja, pero que aumente gradualmente".
"Las grandes diferencias de protección al empleo que existen entre los contratos fijos y temporales dañan las perspectivas de empleo, especialmente entre los jóvenes", subraya.
Por otra parte, el organismo considera que las administraciones españolas deben reducir e incluso eliminar las barreras de acceso a algunos mercados de servicios como transportes o comercio. "Las barreras para el acceso (a determinados mercados) frenan la productividad y la creación de empleo", agrega.
La OCDE recomienda "reducir las restricciones" de comercio al por menor a las grandes superficies, "desregular los horarios comerciales en todo el país, reducir los requisitos específicos de cualificación en los servicios profesionales" y mejorar el acceso a los permisos para dedicarse al transporte por carretera.
Entre los logros de España, la OCDE destaca la drástica disminución de los incentivos para que las personas mayores permanezcan en el mercado laboral.
Así, la reforma de las pensiones incrementó la edad de jubilación en España hasta los 67 años y dificultó el acceso a las prejubilaciones, algo que recomendaba el organismo en sus anteriores informes y que en esta ocasión ha retirado de las prioridades.
