Los proveedores de los Ayuntamientos españoles percibirán el cobro de sus facturas a través de un único sindicato bancario. La fórmula varía con respecto a la fórmula que el Gobierno tiene previsto para las Comunidades Autonómas. En este caso, cada gobierno regional designará a una única entidad para efectuar los pagos. Así, en el caso de Cataluña, La Caixa es la entidad elegida. Según una carta remitida a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a la Asociación Española de Banca (AEB), a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la financiación del préstamo contaría con el aval del Estado que, a su vez, "estaría garantizado por la participación de los Entes Locales en los ingresos del Estado". Con esta medida, Economía pretende no eliminar la responsabilidad de los Entes Locales para hacer frente a sus obligaciones puesto, como asegura la nota, que "su participación en los ingresos del Estado responde de la devolución del préstamo".

En el escrito, no se desgrana la posibilidad de una quita a los proveedores. Esta opción parece descartada tras las declaraciones que efectuó ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, al término de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). "No ha habido intención de establecer ninguna quita obligatoria", y lo que va a primar a la hora de cobrar será la antigüedad de las facturas, ha dicho Montoro tras el gran número de quejas de empresarios sobre este punto. El Gobierno dotará con 35.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre y cuando éstos presenten un plan de ajuste y las facturas sin pagar antes de que finalice el mes de marzo.

Además, el ministro aseguró que los proveedores "con toda seguridad empezarán a cobrar a partir del 1 de mayo", y que "no supone condonación alguna de las deudas" que han adquirido esas administraciones, ya que se articula como un crédito financiable a 10 años.

Según la misiva, el proceso se inicia con el envío por los ayuntamientos de la relación certificada de deudas con proveedores. En este sentido, los proveedores recogidos en esa lista (más los que soliciten su inclusión y sean certificados por los entes locales o incluidos por silencio positivo) podrán acogerse al sistema realizándose el pago a través de las entidades adscritas al sindicato.

Por su parte, los ayuntamientos recibierán financiación a 10 años con 2 años de carencia por el importe de las deudas satisfechas. La articulación se realizará de la siguiente forma. El esquema se basa en que las entidades otorguen un préstamo a 5 años con dos de carencia y que el Estado intervenga con un préstamo puente añada otros 5 años hasta llegar a una operación que, desde el punto de vista de la entidad local, será un crédito a 10 años con los mencionados 24 meses de carencia. Este préstamo se intermedia por un fondo público no financiero.