Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, concedió créditos a tipos de interés cero a miembros de su dirección, según consta en la memoria 2010 de la entidad. En dicho ejercicio, la sociedad adjudicó préstamos hasta cerrar con un saldo pendiente de 53.000 euros. Algo que llama la atención, ya que se realizó con dinero público en un entorno, además, en el que el acceso de la ciudadanía al crédito está más difícil que nunca.

La entidad está envuelta en una enorme polémica por la presunta concesión de ayudas a empresas andaluzas, empleando informes falsos. Conforme las denuncias realizadas por Cristóbal Cantos, ex director de la sociedad, la presidenta de la firma, Laura Gómiz, que ha dimitido recientemente, le ordenó la elaboración de esos documentos para el reparto de los apoyos económicos, en un esquema casi idéntico al escándalo de los ERES andaluces.

La memoria de la entidad recoge que, “durante el ejercicio 2010, la Sociedad concedió préstamos al personal de alta dirección por importe de 30.000 euros a tipo de interés de cero por ciento anual con amortizaciones mensuales. Se han producido durante el ejercicio amortizaciones por importe de 7.000 euros. El saldo pendiente de dichos préstamos concedidos a 31 de diciembre de 2010 asciende a 53.000 euros”.

En Invercaria no han realizado comentarios posteriores a este respecto, pese a la llamada de Vozpópuli. Sin embargo, todo apunta a que los beneficiarios  son la propia Laura Gómiz, vicepresidenta entonces y/o Antonio Valverde, presidente de la sociedad. Son los únicos altos cargos que aparecen en la documentación. El actual máximo ejecutivo, Francisco Álvaro (en la foto), sólo era consejero entonces.

¿Apoyo a la pyme? 

Pese a la relativamente pequeña cuantía de los préstamos, el asunto es digno de mención ya que se trata de dinero público de una sociedad que se dedica “al fortalecimiento del tejido empresarial”,  y persigue “el desarrollo de pequeñas y medianas empresas mediante la aportación de capital”, tal como se autodefinen. Es decir, reparto de ayudas a la empresa para que crezca económicamente la región.

De hecho, en su página web aclaran que, a la hora de financiar a las empresas, "en caso de complementar la participación con un préstamo participativo, el interés será determinado en base al análisis de riesgo del solicitante, más el ajuste necesario por la evaluación de garantías aportadas". Es decir, la concesión (o no) del crédito y su tipo de interés está sujeta a claros criterios de evaluación de riesgo. Los directivos, sin embargo, no sufren eso. 

Vista oral

Hoy tendrá lugar la vista oral  de la demanda de Cristóbal Cantos, contra la propia sociedad de capital riesgo y contra la ex presidenta, Laura Gómiz, por el despido de Cantos. En esta demanda, el propio Cantos ha aportado grabaciones que justifican las presuntas órdenes recibidas por Gómiz para realizar informes falsos, algo que, a su vez, le ha valido una demanda por parte de la propia ex presidenta.

Se da la casualidad de que esta primera demanda se envió a Mercedes Alaya, jueza que está llevando el caso de los ERE y que ayer mismo tuvo tomando declaración al principal imputado, Francisco Javier Guerrero. Sin embargo, será el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla el que investigue las cintas a partir de hoy mismo.

La jueza se desentendió del asunto. Ya se ha convertido en un personaje totalmente mediático y si se hubiera hecho cargo de esta otra cuestión su figura como superjueza andaluza habría crecido hasta unas proporciones incalculables.