El juzgado mercantil número dos de Sevilla comunicó el miércoles la decisión del juez Pedro Márquez de tragar con la solicitud presentada por Abengoa para evitar la declaración de concurso de acreedores. El magistrado ha aceptado homologar el acuerdo de refinanciación presentado por la multinacional energética, lo que supone que esta, previsiblemente, dispondrá de siete meses más para sacar adelante un convenio de pago con los acreedores esquivando así la que podría haber sido la mayor quiebra empresarial ocurrida en España.
La decisión del juez ha dividido a los expertos en materia concursal en España. Los hay que consideran que el magistrado ha aplicado el sentido común, ha sido práctico, y ha permitido a Abengoa contar con más tiempo para seguir negociando con los acreedores; "todos perderían con la declaración de concurso, no aceptar la pretensión de Abengoa no tendría sentido", defienden. Y están los que sostienen que la Ley Concursal española no contempla esa extensión del periodo determinado para seguir negociando, y que el resto de miles de empresas que entran en concurso, o que bordean el concurso en España ni han gozado ni gozarán del mismo trato; "la Justicia no es igual para todos", dicen.
La solicitud al juez de Abengoa y de otras 44 empresas filiales está apoyada por el 75% de sus acreedores financieros, que responden a una deuda de 7.100 millones. La decisión judicial puede ser impugnada por un acreedor en los próximos 15 días; cuando esta sea firme quedará en suspenso el vencimiento de las financiaciones. El magistrado "homologa el acuerdo de refinanciación que le presentó Abengoa porque entiende que el acuerdo es necesario para la continuidad de la empresa y se enmarca en un ámbito de actuaciones más amplias con medidas encaminadas a la continuidad de la empresa", explicó el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los principales directivos de Novacaixagalicia fueron condenados a dos años de prisión por un caso similar al de Benjumea el año pasado
Sin embargo, es difícil pensar que la "continuidad" que le espera a una compañía como Abengoa, que bordea la quiebra, que está en pleno proceso de venta de activos, saliendo de países como Brasil, hundida en Bolsa, que en 2015 registró 1.213 millones de euros de pérdidas después de anunciar en 2014 un beneficio de 125 millones, y con poca o ninguna credibilidad entre bancos, fondos de inversión, y proveedores, no sea otra cosa que una liquidación ordenada, administrada por los que serán sus nuevos propietarios, los principales acreedores financieros (bancos y fondos de inversión dueños de deuda emitida por la compañía).
Rechazado recurso de Benjumea
Mientras que a día de hoy Abengoa está más cerca de la salvación (de aquella manera) Felipe Benjumea está más lejos. El expresidente del grupo sevillano se sentará previsiblemente este año en el banquillo de los acusados para afrontar incluso pena de cárcel.
Benjumea está imputado, también el exconsejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, por un delito de administración desleal, castigado con pena de prisión de hasta seis años. El abogado Felipe Izquierdo y el despacho Ius+Aequitas, al frente de la plataforma de perjudicados por Abengoa, presentaron querella contra los dos ejecutivos por las millonarias indemnizaciones recibidas al abandonar sus cargos el pasado año (11,4 millones de euros en el caso de Benjumea, 4,5 millones en el de Sánchez Ortega).
En un auto fechado el 5 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa de Abengoa contra la decisión de la juez Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, de retirar el pasaporte a Felipe Benjumea. En dicho auto, los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado, y Clara Eugenia Bayarri exponen que las medidas cautelares impuestas al empresario (además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, y la presentación en el juzgado más próximo a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes) son razonables "especialmente atendida la gran capacidad económica del encausado así como la gravedad de los hechos que se le imputan, lo que determina un riesgo elevado de fuga".
Los magistrados de la Audiencia Nacional a cargo del caso del expresidente de Abengoa -excepto Clara Eugenia Bayarri- son los mismos que el pasado mes de octubre condenaron a una pena de dos años de cárcel a los principales ejecutivos de Novacaixagalicia, por un asunto similar al de Benjumea. Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Antonio Díaz, de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, dictaron sentencia condenando a los exdirectivos de la entidad José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias. Los ejecutivos cobraron en total indemnizaciones por importe de 18,9 millones.
De acuerdo a fuentes jurídicas, la Fiscalía considera que el asunto de Benjumea "está bien atado" y que las diligencias podrían terminar antes de verano, con lo que se decretaría la apertura juicio oral antes de fin de año.
