Después de tres ejercicios para olvidar, Adolfo Domínguez renegocia su deuda con los bancos. El grupo textil gallego, muy castigado por la crisis, “ha iniciado conversaciones" con sus acreedores para "modificar las características de la financiación recibida”, según explica en sus cuentas del ejercicio 2011, cerrado el pasado 29 de febrero.
La empresa, que cerró el año pasado con una deuda de 34,4 millones de euros (un 26,9% más), analiza “la forma de garantizar que durante el ejercicio próximo no se produzcan situaciones de tensión de tesorería”.
En su memoria, y en cumplimiento de la Ley de Morosidad de 2010, el grupo detalla los pagos pendientes a proveedores (incluyendo empresas vinculadas y accionistas de la sociedad) que ya han superado el plazo que marca la legislación. A 29 de febrero, alcanzaban 3,7 millones, lo que supone el 28% de las transacciones con proveedores y cinco veces más que un año antes.
Los principales acreedores de Adolfo Domínguez son NCG y La Caixa, ambos con créditos concedidos por importe de 10 millones cada una. A continuación figura Santander, con 5 millones. NCG, resultante de la fusión de cajas gallegas y nacionalizada el año pasado, es, a su vez, accionista destacado de la empresa textil, con un 5% del capital.
Fuentes del grupo declinan dar detalles sobre el estado de las negociaciones y se limitan a señalar que su deuda es “poco significativa en relación con el tamaño de la compañía”. La cotización de Adolfo Domínguez está en mínimos desde la salida a Bolsa (en 1997), lo que ha dejado su capitalización bursátil en 31 millones de euros, cifra inferior a su deuda total.
La empresa, que en su historia ha superado situaciones muy adversas (hace 21 años, un incendio destruyó su sede central), acumula una caída de ventas del 19% en los tres últimos ejercicios y lleva dos años en pérdidas; en 2011 las duplicó, hasta 9,7 millones, y en 2009, último ejercicio sin números rojos, el beneficio no llegó al millón de euros.
La compañía recuerda que “una parte significativa” de sus productos “tienen como destino final el mercado de la moda en España”. Y sus previsiones no son halagüeñas: “La incertidumbre que gravita sobre los mercados, que tiene su reflejo en el continuo descenso de los índices de demanda y consumo, se proyecta sobre el próximo ejercicio y hace que las perspectivas de mejora del entorno económico nacional no sean muy positivas”. Así, el año en curso presenta “un nivel de incertidumbre superior al de otros ejercicios”, explica.
Ante la difícil situación, el grupo ha puesto en marcha un plan de recorte de costes y ha centrado su expansión en el exterior, especialmente, en Latinoamérica, con el objetivo de que, a medio plazo, los mercados foráneos aporten el 50% de las ventas. En 2011, el 80,4% de la facturación de Adolfo Domínguez aún tenía origen en España, donde está el 64,9% de sus tiendas. A finales de febrero, contaba con 721 puntos de venta (499 propias y 222 en franquicia), frente a los 665 de un año antes. La firma clausuró 56 el año pasado (de ellos, 43 en España) y abrió otros 112. Su plantilla media se ha reducido un 12,4% en el último año, hasta 2.063 empleados.
La semana pasada, la multinacional anunció un ERE para 50 trabajadores (el 3% de su plantilla) en su sede central de San Cibrao das Viñas (Orense) e indicó que va a negociar una bajada de sueldo de hasta el 15% para la plantilla, porcentaje que “se vincularía a la obtención efectiva de beneficios”. El consejo de administración, en cambio, prevé cobrar lo mismo que el año pasado (en 2011, se embolsó 763.000 euros). Los consejeros del grupo (ocho) llevan con la retribución congelada desde 2007.
El presidente, consejero delegado y fundador, el modisto Adolfo Domínguez (primer accionista, con el 32%), se mantiene como uno de los ejecutivos peor pagados entre las cotizadas (en 2011, ganó 234.605 euros), aunque no parece haberse aplicado la petición que formuló en 2010, cuando reclamó un "despido libre, sin trabas administrativas ni judiciales" para atajar el paro. La empresa mantiene un blindaje de hasta 60 mensualidades (cinco años de sueldo) para tres altos directivos y consejeros ejecutivos (a los que no identifica) en caso de despido, frente a las 24 mensualidades que pone como tope la reforma laboral.
