"Esto parece Volver a empezar", comentaba el viernes una fuente cercana a los acreedores del aeropuerto de Ciudad Real en alusión a la película con la que el director de cine José Luis Garci logró el Oscar en 1983, tras conocerse que el juez a cargo de la liquidación del aeródromo podría retrotraer todo lo actuado hasta ahora suspendiendo el proceso de venta en marcha.
La historia del aeropuerto de Ciudad Real se está haciendo tan larga que los potenciales inversores extranjeros que han mostrado interés por el activo podrían abandonar sus butacas y dejar que el aeródromo sea pasto de la maleza que, cada vez más, amenaza con comerse las instalaciones.
Qué ha pasado
A finales de los años noventa varios empresarios manchegos, entre ellos Domingo Díaz de Mera o la familia Barco, apoyados por Caja Castilla-La Mancha y el Gobierno del PSOE de la Comunidad Autónoma, idearon la construcción del primer aeropuerto internacional privado de España en la localidad manchega. A finales de 2008, tras más de 400 millones de euros invertidos, el aeródromo, construido por la empresa CR Aeropuertos, en la que Corporación Empresarial Caja Castilla La Mancha era el primer accionista, con el 36,4%, con una pista en la que podría aterrizar y despegar el mayor avión comercial del mundo, el A-380, fue inaugurado. En 2009 CR Aeropuertos fue declarado en concurso necesario de acreedores y desde 2012 está inoperativo.
Durante todo el proceso concursal se han recibido varias ofertas peregrinas, ninguna consistente
En julio de 2013 se inició la liquidación de la empresa, lo que suponía tratar de vender el aeropuerto. Durante todo el proceso concursal el juzgado mercantil de Ciudad Real a cargo del mismo ha recibido ofertas peregrinas por el aeródromo, ninguna consistente.
El pasado mes de abril, ante los infructuosos intentos de vender de forma directa el aeropuerto, el juzgado mercantil puso en marcha un proceso de venta optando por una subasta, por un lado, de la infraestructura aeroportuaria, y de la venta de la explotación inmobiliaria por otro.
El 19 de junio debía celebrarse la subasta por el aeropuerto manchego. Sólo una sociedad, Tzaneen International, depositó, un día antes, los dos millones de euros necesarios para participar en la puja. Pocos minutos después de que lo hiciera el secretario judicial decidió suspender el proceso alegando que no se había comunicado de forma pertinente ciertas condiciones. Tzaneen denunció en comisaría al secretario judicial por presunta prevaricación y recurrió ante el juez exigiendo una nueva celebración de la subasta. El juzgado dispuso una nueva fecha, el 17 de julio. Ese día la empresa, constituida para participar en el proceso y tras la que habrían, según explicó después Tzaneen, inversores chinos interesados en convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un hub para mercancía, se adjudicó el aeropuerto ofreciendo 10.000 euros.
La organización del proceso de subasta contemplaba que si el precio ofrecido fuera un 70% inferior, como así fue, del valor estimado de venta, 40 millones de euros, se abría la posibilidad a que cualquier otro postor pudiera presentar una oferta de compra superior a los 28 millones de euros.
Varias empresas presentaron supuestas ofertas para competir con Tzaneen, pero finalmente sólo las de tres de ellas -ECA Program, Grupo Orden Doce, y Richard Taffin de Givench- fueron tomadas en consideración. Sin embargo, como ha publicado Vozpopuli, las tres encierran serias deficiencias profesionales y financieras. En realidad, según las fuentes consultadas, ninguna ha presentado aval para participar en el proceso; en el caso de ECA Program el empresario que está al frente de la misma está en quiebra.
El magistrado dictó el viernes una providencia por la que decide la apertura de incidente de nulidad
En octubre, de acuerdo a los plazos previstos, el juez debía tomar una decisión después de que la administración concursal informara sobre las distintas ofertas y adjudicar el aeropuerto.
Qué está pasando
Carmelo Ordóñez Fernández, nombrado el pasado mes juez del juzgado de primera instancia y de lo mercantil de Ciudad Real, convocó la pasada semana en su juzgado tanto a representantes de los acreedores de CR Aeropuertos como de las empresas postoras. A todos ellos trasladó su total disposición para escuchar argumentos y alegaciones y les solicitó más tiempo para tomar una decisión, dada su reciente llegada al juzgado y la complejidad del asunto.
Tras haber requerido documentación a la administración concursal, el magistrado dictó el viernes una providencia por la que decide la apertura de incidente de nulidad, lo que lleva consigo dejar en suspenso el proceso actual de venta, esto es la subasta, hasta que sea resuelto dicho incidente.
El magistrado explica en su providencia del viernes que la segregación del aeropuerto, para subastar la infraestructura aeroportuaria y los activos inmobiliarios, plantea la duda razonable de que si, dicha división, no fuera posible por no contar con los permisos preceptivos, esta sería nula de pleno derecho. Lo que, señala el juez, podría llegar a suponer que fuera necesario proponer por parte de la administración concursal un nuevo plan de liquidación.
La administración concursal deberá presentar una nueva propuesta de liquidación sin contemplar dicha segregación
El juez da traslado al Ministerio Fiscal, a la administración concursal, acreedores, CR Aeropuertos, y a las empresas postoras para que en el plazo de 30 días hábiles (el periodo real puede ser más de 40 días) presenten alegaciones. Y da traslado de documentación a varios organismos publicos, administraciones estatales, autonómicas, locales, ministerios... para que informen en el plazo de 20 días sobre la divisibilidad de la unidad aeroportuaria.
Qué puede pasar
Tanto Tzaneen como las empresas que supuestamente disponen de capacidad financiera para adquirir el aeropuerto, como los administradores concursales, los organismos públicos, tienen ahora 30 días hábiles para aportar al juez su consideración sobre si la segregación efectuada para subastar el aeropuerto se ajusta o no a derecho. En este plazo, tal y como expone el magistrado en la providencia del viernes, podrían igualmente presentarse ofertas para comprar de forma directa el aeródromo.
Lo previsible es que después de haber planteado la nulidad del proceso, el magistrado realmente entienda que esa división efectuada para subastar el aeródromo no se ajuste a derecho, por lo que la administración concursal deberá presentar una nueva propuesta de liquidación sin contemplar dicha segregación.
Pero si durante los más de cinco años que ha durado el proceso concursal de CR Aeropuertos no ha habido manera de vender de forma directa el aeródromo, difícilmente el juez recibirá una oferta en firme y admisible por el activo en los próximos treinta días. Si durante todo este periodo la administración concursal tampoco ha dado con otra fórmula que la segregación y subasta por partes de los activos, difícilmente podrá dar con otra medida que facilite la venta.
