El 6 de noviembre pasado, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya adjudicó a un consorcio liderado por la división de aguas de Acciona (39%) la gestión de la sociedad Aguas del Ter y Llobregat (ATLL) por un periodo de 50 años y un desembolso de casi mil millones de euros. En el mismo se integran el banco de inversión brasileño BTG Pactual (39%) y dos socios catalanes de postín -la familia Rodés (10%) –Fernando Ferran Rodés, hijo de su padre- y la familia Torreblanca –Manuel Torreblanca, casado con Liliana Godia, una de las mujeres más ricas de Cataluña- (12%), porque sin esa presencia local resulta difícil imaginar a una empresa de Madrid ganando la mayor operación de privatización emprendida por el Gobierno de Artur Mas. La oferta encabezada por Acciona Agua obtuvo 87,73 puntos, frente a los 51,09 logrados por el consorcio perdedor, liderado por Aguas de Barcelona, Agbar.
Pero el 23 del mismo mes saltó la liebre. Agbar interponía recurso contra esa adjudicación ante un denominado Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC) -dependiente de la consellería de la Presidència, es decir, de Francesc Homs-. Conviene aclarar que ese pintoresco OARCC, de reciente creación, tiene dos únicos empleados: el gerente, Juan Antonio Gallo, hijo del afamado locutor de radio Federico Gallo, y su secretaria. La consecuencia automática de ese recurso fue la suspensión del procedimiento en curso y, por tanto, de la firma del contrato, hasta que el OARCC resolviera y se conociera su decisión. Primera maravilla: Un organismo de la Generalitat tumba una resolución administrativa adoptada por otro organismo de la Generalitat.
De forma sorprendente, el 30 de noviembre, viernes, Gallo decide de oficio, y sin que ninguno de los consorcios en liza lo hubiera solicitado, levantar la suspensión del procedimiento apelando a un genérico “interés público” no especificado. Curioso: el 3 de diciembre, primer día hábil tras esa decisión, el susodicho se ve obligado a emitir una segunda resolución subsanando un error de principiante: había aplicado como fundamento jurídico de su iniciativa una Ley que nada tenía que ver con la cuestión a dilucidar. Levantada la suspensión del procedimiento, el 20 de diciembre el departamento de Territori i Sostenibilitat fijó el día 27 como fecha para la firma del contrato. Al parecer, la Generalitat necesitaba dinero urgente para pagar las nóminas de diciembre -Navidad dulce Navidad- de sus funcionarios. Tal era el perentorio “interés público” esgrimido.
La Generalitat necesitaba dinero urgente para pagar las nóminas de diciembre
Es fácil imaginar que, en estas circunstancias, los últimos días del pasado año no fueron fáciles para el grupo presidido por José Manuel Entrecanales. Por un lado, el desconcierto del grupo brasileño, que no podía imaginar que un espectáculo de este calibre pudiera ocurrir en un país miembro de la UE, supuesto baluarte de la sacrosanta “seguridad jurídica”. Reuniones, conciliábulos, citas con los jurídicos, llamadas perentorias a los influyentes socios catalanes, pero, ¿qué está pasando? ¿qué seguridad tenemos de que si firmamos el 27 no vamos a perder la pasta y a heredar un pleito para muchos años…? La decisión de acudir a Barcelona se adoptó la misma noche del 26, no sin que esa tarde los Entrecanales recibieran una llamada perentoria de un gallo dispuesto a cantar las cuarenta: “ya podéis venir mañana a firmar, y con los 300 millones por delante, si no queréis perder el contrato…”. La Generalitat no podía soportar el escándalo de no pagar la nómina en vísperas de nochevieja.
Y, en efecto, el contrato se firma en Barcelona el jueves 27 de diciembre, momento en que el consorcio ganador desembolsa 298,65 millones como primer pago del canon (el resto del contrato, hasta un total de 995,5 millones, deberá hacerse efectivo en 50 anualidades, tiempo de vigencia de la concesión). Y bien, ¿se habían acabado los problemas? Ni hablar. Antes al contrario, apenas acababan de empezar. En efecto, el 2 de enero del año en curso, sólo dos días hábiles después de la firma, el mismo OARCC que dirige Gallo cantó de nuevo, resolviendo estimar el recurso interpuesto por el consorcio Agbar “en el sentido de excluir a la empresa Acciona del procedimiento…”
Descrédito institucional para la Generalitat
La resolución –basada en el supuesto incumplimiento de algunos requisitos, de carácter no contractual, en cuanto al programa de obras a acometer en ATLL- no parece fundamentada ni desde el punto de vista jurídico ni de las normas básicas aplicables al caso. Empezando por la exclusión de “la empresa Acciona” (sic), y continuando por la pretensión de anular la adjudicación de un contrato ya firmado que, como primera providencia, exigiría sentencia firme de los Tribunales, sin olvidar el trámite previo del recurso contencioso administrativo a interponer tanto por Acciona como por la Generalitat.
El caso ha provocado un conflicto jurídico de monumentales dimensiones
Algo que ambas partes ya han efectuado. Acciona Agua, en efecto, interpuso el viernes 18 recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución del OARCC, como días antes había hecho la Generalitat en defensa de la decisión adoptada por el área de Territorio y Sostenibilidad –¡la Generalitat pleiteando a favor de un órgano y en contra de otro de la propia Generalitat!-. Con el consorcio Acciona ya a cargo del servicio de agua en Aigües Ter-Llobregat, la iniciativa del señor Gallo ha provocado un conflicto jurídico de monumentales dimensiones, muy lesivo para los intereses tanto de Acciona como de Agbar, además de un considerable descrédito, albarda sobre albarda, institucional para la Generalitat y para la clase dirigente catalana. El Govern se ha apuntado el montante total de la concesión, los casi mil millones de euros, como ingresos fiscales correspondientes al ejercicio 2012 (no obstante lo cual ha quedado lejos del objetivo de déficit exigido para el año), un enjuague muy peligroso por cuanto, a resultas del pleito abierto, podría verse en la tesitura de tener que devolver la pasta ya cobrada a Acciona, algo que la propia Generalitat reconoce le sería muy difícil cumplir.
Sólo en una clase política acostumbrada a operar en ausencia de controles democráticos, muy manoseada por la corrupción, muy dispuesta siempre a pactos y enjuagues extrajurídicos cabe imaginar un escándalo de estas dimensiones, que pone a la Generalitat a la altura de una auténtica república bananera. Un episodio de corrupción que permite entender muchas de las cosas que están ocurriendo en Cataluña, en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central, y en la alocada huida hacia adelante en la que se ha embarcado su clase dirigente. Sólo la genética, la ausencia de una auténtica fibra moral –aliada con esa ausencia de rigor que pone de manifiesto el escándalo de ATLL-, permite entender la irracionalidad de ese invite independentista, lesivo para los intereses a largo plazo de la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes.
Desconcierto entre la élite empresarial catalana
El caso ATLL ha sumido en el desconcierto a esa élite empresarial catalana venida a menos. En el Consejo de Acciona figura Sol Daurella, una de las mujeres más ricas de España, CEO de Cobega, casada con Carles Vilarrubí, vicepresidente de Rothchild España y del FC Barcelona, y hombre cercano a CiU, además de condimento imprescindible en toda salsa local que se precie. Más perplejo se encuentra Ferran Rodés, CEO del grupo Havas y vicepresidente de Media Planing. Rodés, un beautiful en toda regla, se hizo cargo del “Ara”, un periódico nacionalista en bancarrota editado en catalán que él se ofreció a salvar. Artur Mas le debía una. Fue Rodés quien metió en la aventura de ATLL a Manuel Torreblanca, encantado de figurar entre la jet barcelonesa. Naturalmente la clave del arco estaba en encontrar un grupo financieramente potente, capaz de soltar la pasta: los brasileños de BTG Pactual. Con estos ingredientes, Acciona montó una oferta muy sólida, una oferta agresiva dispuesta a ganar la puja, conscientes todos de que Mas necesitaba como el comer esos 300 millones. Para “animar” la concesión, Entrecanales se ha cuidado –haciendo oídos sordos a las presiones de Moncloa- de pronunciarse en contra de los afanes independentistas de CiU (el propio Mas se lo pidió personalmente), desde la presidencia que ocupa de ese lobby que es Instituto de la Empresa Familiar, básicamente formado por la gran empresa familiar catalana.
Van a por ATLL y ganan. Ganan para sorpresa de Aguas de Barcelona. Ganan porque Agbar se confía, pensando que no es imaginable siquiera que una empresa de Madrid meta la mano en un pastel genuinamente catalán. Hablar de agua en Cataluña es hablar de Agbar, una empresa, por si fuera poco, que está en la órbita de la poderosa Caixa. Ahora peligra el puesto de Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, a quien acusan de funcionar “solo con Montilla en el Palau de la Generalitat”. La perfecta mixtura, pues, entre política y negocios. A favor de Agbar, no obstante, reman Homs y Germà Gordó, conseller de Justicia, los dos hombres más poderosos del entorno de Mas, los más radicalmente soberanistas. Cuentan que su apuesta a favor de Agbar sería total después de que, a primeros de enero, La Caixa hubiera otorgado una nueva línea de crédito a la Generalitat, extremo no confirmado. Y así están las cosas: Homs y Gordó a favor de Agbar y en contra de Lluís Recoder, catalanista templado expulsado del Govern tras las últimas elecciones, un hombre de Miguel Roca que bogaría a favor del consorcio Acciona. ¿Quién se llevará el Gallo al agua? “Aquí la solución es fácil”, asegura una fuente barcelonesa: “yo sigo apostando por Acciona, siempre y cuando suelte lo que le pidan de convoluto. Simplemente le costará un poco más caro”.
