La guerra por el control de Abertis se trasladará a la Comisión Europea, después de que el Gobierno español haya dejado clara su posición de que el intento de Atlantia de hacerse con la concesionaria de infraestructuras no es bienvenido. La compañía italiana recurrirá al Ejecutivo comunitario para que interceda en una situación en la que considera que Moncloa está ejerciendo una labor de obstrucción a una operación financiera, lo que contraviene el principio de libre circulación de capitales de la Unión Europea. Si esta vía no da resultado, Atlantia se planteará abandonar la operación, consciente de que siempre estará en inferioridad en una pelea contra un gobierno soberano.
Atlantia aguarda una reacción de la Comisión Europea después de que el pasado jueves los ministerios de Energía y Fomento enviaran sendos requerimientos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en los que instaban al organismo supervisor a revocar la aprobación del folleto de la OPA que la compañía italiana lanzó sobre Abertis el pasado mes de junio. El argumento del Gobierno se basa en que Atlantia no le ha solicitado una serie de autorizaciones relacionadas con las concesiones estatales de infraestructuras que tiene en cartera Abertis y su papel de accionista mayoritario en el operador de satélites Hispasat, activo considerado estratégico por su relevancia en áreas como telecomunicaciones, seguridad y defensa.
El Gobierno ya avisó en su día a través de sendas misivas a la CNMV que la compañía italiana no había solicitado las autorizaciones y, aún así, el supervisor aprobó el folleto de OPA. Aunque ni siquiera la Abogacía del Estado ha dado al Gobierno una respuesta contundente sobre la necesidad de los mencionados permisos, Energía y Fomento enviaron los requerimientos, un paso previo a instar un proceso contencioso-administrativo contra la CNMV en el caso de que el organismo que preside Sebastián Albella no revoque la aprobación del folleto.
Las opciones de Atlantia ante la Comisión Europea pasan por la invocación a un procedimiento que siguió el Ejecutivo comunitario en 2006 contra el Gobierno italiano y, precisamente, por bloquear el intento de compra por parte de Abertis de Autostrade (el germen de lo que hoy es Atlantia). Nelly Kroes, por entonces comisaria de Competencia de la Unión Europea, lideró este procedimiento que, además, sirvió para establecer que cualquier proceso de autorización que exigiera un Gobierno a una compañía para llevar a cabo una operación corporativa debería cumplir una serie de reglas y pautas fijadas por la Comisión, basadas en la transparencia.
Es decir, que los gobiernos deberían establecer y hacer públicos los criterios empleados en cada caso para conceder los permisos y también fijar un calendario definido de plazos para su obtención o denegación.
El entusiasmo de la Comisión
La compañía italiana trasladará a Bruselas que el Gobierno español no está siguiendo ninguna de esas premisas a la hora de establecer la obligación de solicitar las autorizaciones. Desde el primer momento, Atlantia consideró que no estaba obligada a pedirlas y las consultas realizadas por Moncloa tampoco han arrojado resultados concluyentes al respecto.
El grupo transalpino también trasladará al Ejecutivo comunitario que el Gobierno español no solicitó en su día estas autorizaciones en determinados casos de operaciones de compra de empresas concesionarias de infraestructuras, como fueron los casos de Acesa (que dio lugar, precisamente, a la formación de la actual Abertis) y Europistas (cuando fue adquirida por Itínere, por entonces filial de Sacyr).
Además, pretende igualmente jugar la baza del entusiasmo mostrado por la operación a mediados del pasado octubre por el propio Gobierno comunitario. En una reunión con periodistas, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, adelantó la decisión del Ejecutivo de aprobar la compra y, además, mostró el orgullo de la Comisión por la creación de un campeón mundial en el seno de la Unión. El grupo italiano empleará igualmente el argumento de que la autorización comunitaria también pasó por alto la falta de autorizaciones por parte del Gobierno español.
Por el momento, Atlantia no se plantea en ningún caso solicitar las autorizaciones que le exige el Gobierno porque a lo largo del proceso ha recibido señales más que claras que la operación no es del agrado de Moncloa, por lo que descarta que el Ejecutivo le vaya a dar el visto bueno a las mismas. Y más desde que apareció la posibilidad de que ACS, a través de su filial alemana Hochtief, lanzara una oferta competidora de la de la empresa italiana. Una operación que el mercado siempre ha considerado como auspiciada por el propio Ejecutivo español.
Sin tribunales, por ahora
Lo que descarta Atlantia, al menos por ahora, es judicializar el caso, hasta el punto de que la compañía salió a última hora de este martes a desmentir una información de la agencia Reuters en la que se afirmaba que la empresa italiana preparaba una batalla legal en Bruselas. En una breve nota, la compañía aseveró de forma categórica que "esto no refleja su postura. La posición de Atlantia se ha explicado en la comunicación del jueves 7 de diciembre, la cual refleja su convicción que la materia puede resolverse de forma constructiva con las autoridades relevantes en España".
En el comunicado emitido en esa fecha, horas después del envío de los citados requerimientos por parte del Gobierno a la CNMV, Atlantia manifestó su "respeto por las posiciones adoptadas por el Ministerio" así como "a cualquier solicitud de la CNMV". Y reiteró su disposición a "suministrar cualquier información o documentación relevante para dar seguridad al Gobierno con referencia a la correcta gestión futura de las concesiones operadas por Abertis".
No obstante, Moncloa ha dejado más que clara su postura, con lo que Atlantia actuará por elevación. En función del resultado, tomará una decisión, aunque siempre con la idea clara de que parte con nulas opciones en cualquier batalla contra el Gobierno.
