Autopista Madrid Levante Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, las sociedades que gestionan la explotación de la autopista de peaje AP-36 que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), han solicitado este viernes el concurso voluntario de acreedores con una deuda de 522 millones, tal y como informó Vozpópuli. Las sociedades gestoras de la autopista, participadas por Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (5%), han adoptado esta decisión ante la "inminente" imposibilidad de atender diversos compromisos de pago con las entidades financieras acreedoras.
En concreto, Inversora de Autopistas de Levante tenía que afrontar el vencimiento el próximo mes de diciembre. Los contactos con la banca acreedora, encabezada por Santander, BBVA, Royal Bank of Scotland y Société Générale, para la refinanciación no habían sido fructíferos, por lo que la sociedad optó por la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para analizar la situación y tomar una decisión al respecto.
Sin embargo, la medida ha sido tomada en un consejo de adminstración celebrado este viernes, de cuya convocatoria también se hizo eco este diario. La junta de accionistas fue convocada para la primera semana de noviembre.
Según ha informado hoy Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la inversión relativa a este proyecto se encontraba totalmente provisionada en las cuentas anuales consolidadas del grupo de 2011, por lo que no se prevé "impacto significativo alguno" en las cuentas de 2012. La compañía controlada por Rafael del Pino ha indicado que la autopista se ha visto directamente afectada por factores ajenos a la misma, como la reducción "sustancial" del tráfico previsto, la crisis económica o el aumento de capacidad en vías alternativas libres de peaje.
Asimismo, ha señalado que en esta decisión ha sido relevante que las medidas de apoyo a la concesión legalmente previstas "no hayan sido efectivamente implementadas por el órgano de contratación". En este contexto, las sociedades gestoras de la autopista confían en que se pueda alcanzar una solución en los próximos meses.
Participación provisionada
En otro comunicado remitido al supervisor bursátil, Sacyr ha anunciado que tiene provisionado el 100% del valor de esta participación (de hecho, lo hizo ya el pasado año) y que la solicitud de insolvencia no implica ningún impacto económico en sus cuentas.
Con esta decisión, la AP-36 pasa a engrosar la lista de autopistas de peaje que se encuentran en una situación de insolvencia. Ese es el caso de la autopista Cartagena-Vera, que ha solicitado acogerse al preconcurso de acreedores a fin de intentar refinanciar con la banca una deuda de 550 millones.
Además, las dos sociedades que gestionan la explotación de la autopista de peaje Radial 4 también han solicitado el concurso voluntario de acreedores presionadas por una deuda de 575 millones. La Radial 4 se sumaba así a la concesionaria de la autopista AP-41 -que une a Madrid con Toledo-, y que fue la primera en solicitar en mayo el concurso.
A esta decisión se ha visto abocada también Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria de la R-3 y de la R-5, que han solicitado el concurso con una deuda de 666 millones. Recientemente, el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, anunció que el Ministerio de Fomento investiga los sobrecostes "desorbitantes" derivados de las expropiaciones de terrenos que están afrontando las concesionarias de las autopistas de peaje y reconoció que nueve de las concesionarias se encuentran en una situación complicada.
Según los últimos datos de Fomento, el tráfico en las autopistas estatales de peaje cayó en el primer trimestre hasta una media de 43.451 vehículos diarios, nivel que no se registraba desde hace catorce años.