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Primer aviso de EEUU sobre la Tasa Google: "No se puede cercar la economía digital"

La Cámara de Comercio del país norteamericano asegura que ninguna revisión de los principios tributarios internacionales puede realizarse de forma unilateral, sino que debe consensuarse. La entidad critica el impuesto a las tecnológicas, que gravará el 3% de sus ingresos en España

  • María Jesús Montero, nueva ministra de Hacienda.

Estados Unidos, el país donde se encuentra la sede de gigantes tecnológicos como Apple, Google, Amazon o Facebook, ha lanzado el primer aviso al Gobierno de Pedro Sánchez por la denominada Tasa Google. La Cámara de Comercio del país norteamericano (AmChamSpain) ha lamentado que la medida se haya impulsado de forma unilateral y ha enviado un aviso a Hacienda a este respecto: "No se puede poner cerco a la economía digital".

Para la entidad, cualquier medida que persiga que estas compañías paguen más impuestos en los países donde obtienen sus beneficios debería consensuarse entre países, y no realizarse de forma independiente. Máxime -recuerda- en un momento en el que la OCDE y la Comisión Europea mantienen abierto un debate sobre cómo puede fiscalizarse la economía digital.

El impuesto gravará el 3% de los ingresos de las compañías que realicen alguna o varias de estastres actividades en España.

  1. Por un lado, los servicios de publicidad en línea;
  2. Por otro, los servicios de intermediación en internet;
  3. Y, por otro, la venta de datos que las empresas recopilen a partir de la información proporcionada por los usuarios.

Para AmChamSpain, sería razonable pensar que algunas empresas digitales podrían optar por modificar sus modelos de negocio en España e incluso, en última instancia, repercutir los nuevos costes legales, fiscales y de conformidad que representa el impuesto sobre los servicios digitales en los usuarios españoles. "Algunas empresas tienen bajos niveles de rentabilidad y, por tanto, se verían obligadas a repercutir en sus clientes el coste de este impuesto propuesto", añade.

Su introducción unilateral en España podría producir incertidumbre legal y fiscal a la hora de realizar inversiones en el territorio, en comparación con las inversiones en otras jurisdicciones, concluye.

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