Un año y medio después de abrir despacho en Madrid, el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido ampliar el negocio con el registro de una segunda sociedad que, de acuerdo con sus diversos objetos sociales, no tiene relación con su actividad como abogado, que puso en marcha tras su inhabilitación como magistrado.
Así, Garzón acaba de inscribir en el Registro Mercantil la sociedad Iodic Inversiones, domiciliada en la misma dirección que el despacho de abogados que puso en marcha poco antes del verano de 2012, en la madrileña calle de Castelló, en el corazón del elitista barrio de Salamanca.
Como sucediera en el caso de la sociedad que creó para el despacho de abogados, denominada Ilocad, Garzón figura como administrador único de la instrumental de nueva creación, que también presenta diferencia en cuanto al objeto social.
En cambio, frente al inequívoco de Iload (“en materia de intermediación profesional y a través de los correspondientes profesionales, gestión, desarrollo y ejecución de actividades propias de la abogacía”), Iodic presenta varios objetos sociales, entre los que se encuentran los de “otras actividades de consultoría de gestión empresarial” y también “otras actividades de apoyo a las empresas”.
Desestimación del Supremo
Además, la nueva sociedad de Garzón también cuenta con otros objetos sociales como “intermediarios del comercio de productos diversos”, así como “intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos”.
El registro de esta nueva sociedad que abre las puertas a una diversificación de los negocios particulares de Baltasar Garzón llega después de que el Tribunal Supremo decidiera no conceder el indulto solicitado por el ex magistrado al considerar que no se había arrepentido de los hechos que le supusieron ser apartado de la carrera judicial.
En concreto, el Supremo condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación en concurso con otro contra las garantías constitucionales al colocarse "a la altura de regímenes totalitarios" cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
La resolución fue acordada por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron la causa en enero y conllevaba la pérdida definitiva de su cargo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 "y de los honores que le son anejos", así como "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".
Cuando perdió su condición de juez, Garzón decidió colegiarse como abogado en Sevilla, una vez que el Consejo General de la Abogacía concluyó que su inhabilitación como magistrado no le impedía ejercer.
