Santander se ha cansado de las buenas palabras del Gobierno valenciano y ha iniciado una ofensiva en los tribunales para cobrar la deuda de más de 60 millones de euros que se le debe por la financiación de la compañía pública que organizó la Copa América de vela en Valencia.
La Intervención General del Estado advierte en su informe de auditoría sobre el último ejercicio de Consorcio Valencia 2007 que la deuda del grupo y el "resultado de los litigios con el Banco de Santander" condicionan la continuidad de su actividad. "El Consorcio podría dejar de actuar bajo el principio de empresa en funcionamiento y, como consecuencia de ello, el valor liquidativo de activos y pasivos podría tener un valor distinto al que se recoge actualmente en libros", señala.
La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, y la Administración General del Estado firmaron el 1 de octubre de 2003 la creación del Consorcio Valencia 2007, para convertir a Valencia en sede de la Copa América de vela, un empeño de los entonces presidente de la Comunidad Valenciana y la alcaldesa de la ciudad, Francisco Camps y Rita Barberá. El consorcio firmó en febrero de 2005 un préstamo millonario del ICO por importe de hasta 500 millones de euros -finalmente se firmó un préstamo de 319 millones- para transformar el puerto de la ciudad, y consiguió que Valencia fuera designada sede las XXXII y XXXIII ediciones de la Copa América.
Las rentas pagadas por Lanzadera, de Juan Roig, al Consorcio, han sido embargadas
Las obras para adaptar el puerto al torneo comenzaron en 2004, tres años antes de la regata, que por primera vez se celebraba en aguas del Mediterráneo. El puerto deportivo ha sido objeto de varias reformas desde entonces, la primera en 2007 para que albergase parte del circuito de Fórmula 1 de la ciudad, donde se corrió el Gran Premio de Europa entre 2008 y 2012. Pero una vez finalizadas las competiciones deportivas, hacer rentable la inversión necesaria para la reconstrucción de la zona afectada es tarea prácticamente imposible. Aunque algunas empresas han ocupado parte de los edificios levantados, los ingresos no son suficientes para pagar una deuda que en la actualidad es cercana a los 450 millones de euros.
De acuerdo a las cuentas de 2016, la empresa pública perdió el pasado año 23 millones de euros (22 millones perdidos en 2015); ingresó 5,2 millones (4,1 millones de facturación en 2015) y terminó el ejercicio con una deuda a corto plazo de 196 millones y fondos propios negativos por importe de 285,3 millones de euros. Si Consorcio Valencia 2007 fuera una empresa privada, en lugar de una entidad de Derecho Público, habría quebrado hace tiempo.
En el préstamo firmado con el ICO, se exigió al Consorcio suscribir un derivado de cobertura del tipo de interés (swap), que la compañía pública contrató en febrero de 2006 con Santander. Ahora, el banco español reclama al Consorcio 53,3 millones de euros por la declaración de vencimiento anticipado del derivado de cobertura; otros 12,6 millones por deuda del préstamo principal; y intereses devengados por importe total de 6,7 millones.
Representantes del Consorcio se han reunido recientemente con el Secretario de Estado de Hacienda
La compañía revela en sus últimas cuentas que el pasado 21 de marzo recibió un escrito de Santander en el que la entidad presidida por Ana Botín "le insta a que en el plazo de siete días, satisfaga la deuda que mantiene por importe de 54,5 millones", así como los intereses devengados. "De no ser así iniciará cuantas acciones legales resulten pertinentes y oportunas", añade.
Santander ya advirtió en 2015 que acudiría a la Justicia de Reino Unido para reclamar el pago de las cantidades adeudadas por el contrato de cobertura de tipos de interés, y ha reclamado embargos para cobrar parte de la deuda. El pasado año el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia decretó embargadas las rentas que el Consorcio percibía de varias de las empresas instaladas en la Marina, entre otras las pagadas por Lanzadera, la incubadora de empresas creada por Juan Roig, presidente de Mercadona. Y Santander ha reclamado al juzgado ampliar los embargos.
Consorcio Valencia 2007 admite en sus cuentas de 2016 que los "embargos decretados hasta el momento, el inicio de acciones legales anunciadas por parte del Banco Santander en reclamación de las cantidades adeudadas por el incumplimiento del contrato de cobertura y la ausencia de compromisos de aportaciones adicionales por parte de los entes consorciados, determinan una previsible falta de liquidez durante el ejercicio 2017". Y que por estos motivos se encuentra "en una situación de elevada incertidumbre respecto a su capacidad financiera para poder continuar desarrollando su actividad de gestión del recinto de la Marina Real Juan Carlos I con normalidad".
La directora de auditoría de la Intervención General del Estado, y el Interventor Regional, que firman la auditoría del ejercicio 2016 de Consorcio Valencia 2007, destacan que la compañía no ha satisfecho ninguna de las obligaciones vencidas, concretamente las cantidades pendientes de pago al Santander, que ascienden a 62,72 millones de euros, y a los vencimientos semestrales de la operación crediticia suscrita con el ICO el 6 de febrero de 2005 por importe de 319,6 millones de euros, que se devengan hasta el año 2034.
