Atresmedia y Mediaset querían que su expediente fuese visto por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así consta en la resolución firmada por la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se desvela que ambas cadenas solicitaron, sin éxito, elevar una cuestión prejudicial ante la justicia europea.
La cuestión prejudicial es una herramienta que los tribunales y organismos como la CNMC pueden utilizar cuando necesiten una aclaración de cómo interpretar el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Según la resolución consultada por Vozpópuli, ambos grupos pidieron que la justicia europea se pronunciase sobre algunos aspectos de la investigación, algo que la CNMC rechazó, al igual que la celebración de una vista oral.
“Esta Sala no considera necesario elevar una cuestión prejudicial al TJUE dado que, como ya se ha señalado en esta resolución, la calificación de las conductas y los efectos provocados por las mismas se consideran adecuadamente acreditadas y la conducta está tipificada en la normativa que ha sido de aplicación en la presente resolución, sin que esta Sala tenga dudas interpretativas sobre el encaje de las conductas en el tipo infractor definido en las citadas normas”, reza la resolución, notificada este martes a las partes, que se enteraron por los medios de comunicación de la multa.
Una multa histórica
Tras más de veinte meses de procedimiento, este martes la CNMC anunció una multa histórica a ambos grupos por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado publicitario. Atresmedia ha sido sancionada con 38,2 millones y Mediaset con 38,9 millones. En total, más de 77 millones de euros.
Las prácticas anticompetitivas que la CNMC considera probadas se han calificado como "graves", lo que establece que la sanción económica debe moverse en una horquilla que va desde el 0 al 5% de la facturación anual de cada compañía. Además de la sanción económica, la CNMC exige a ambos grupos modificar toda su estrategia comercial.
En un principio, la Dirección de Competencia que instruyó el caso y que encabeza Beatriz de Guindos propuso que la multa fuese del 5%, la máxima posible. Este porcentaje no era compartido por todos los consejeros y, tal y como explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, el presidente José María Marín Quemada, muy crítico con ambos grupos, tuvo que rebajarlo al 4% para lograr unanimidad en la Sala de Competencia y evitar votos particulares.
No obstante, no se puede hablar de unidad en todo el organismo. María Fernández, vicepresidenta y responsable de la Sala de Supervisión Regulatoria, y el consejero Benigno Valdés, han incluido dos votos en contra en su informe cruzado al no estar de acuerdo con las conclusiones del expediente, como ya publicó este diario.
A partir de ahora, la guerra entre las televisiones y la CNMC salta a los tribunales. Ambos grupos han anunciado que recurrirán las sanciones ante la Audiencia Nacional y luego ante el Tribunal Supremo si fuese necesario. De forma paralela, el dueño de DKiss Blas Herrero ha decidido que llevará a ambos grupos a los tribunales para reclamar una indemnización por los daños causados, tal y como desveló Vozpópuli este miércoles.
