Desbordado ante una situación económica límite, todo apunta a que el Ejecutivo agotará el último plazo que se ha dado (de aquí a finales de mes) para aprobar la reforma energética. Aunque, dado el secretismo que ha caracterizado el proceso, no se descarta que finalmente se apruebe en el Consejo de Ministros de este viernes.
Se esperaba que el paquete de medidas (básicamente, fiscales) se aprobara, vía proyecto de ley, el viernes pasado, pero su filtración a algunos medios, dos días antes, la airada reacción de todos los sectores afectados (que, por una vez, se han puesto de acuerdo en algo) y el enfrentamiento entre los ministerios de Industria (su teórico responsable) y Hacienda propiciaron un nuevo retraso.
Con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, regresando todavía de una visita oficial de dos días en Rusia, su departamento mantenía anoche el cerrojazo informativo sobre la reforma. Soria, que el martes también visitó su Canarias natal para conocer la evolución de los incendios que ha sufrido esta semana el archipiélago, no acudió a la votación en la que el Congreso convalidó el decreto con el ajuste anunciado hace una semana, el mayor de la historia, al encontrarse en Moscú.
En principio, se espera que el Consejo de Ministros apruebe hoy el techo de gasto y el cuadro macroeconómico de 2013, que presentará el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Para la reforma energética, aún habría que esperar una semana, hasta el próximo 27 de julio, cuando se aprobaría junto con todo el paquete de medidas fiscales de Hacienda.
La semana pasada, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que la reforma (basada en un drástico aumento a la fiscalidad al sector) se presentará este mes, en lo que supuso un nuevo aplazamiento en la solución de un problema, el del déficit tarifario, para el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió un calendario "detallado y ambicioso" en junio.
Ya van varias prórrogas. En abril, Soria dejó entrever que la reforma, anunciada por el presidente Mariano Rajoy nada más tomar posesión, en su discurso de investidura, estaba al caer: "Yo creo que de aquí a algunas semanas estará lista", dijo.
En abril la reforma se aprobaría en "semanas"; en junio y julio se aplazó
No fue así. Primero se barajó el mes de junio, luego se anunció para la primera quincena de este mes, y ahora se espera para antes del día 31. El sector ha agotado los calificativos negativos contra el abanico de medidas que se avecina, cifrado en un recorte de costes del sistema de 6.800 millones de euros que permitiría neutralizar la afloración de más déficit.
Las eléctricas, que temen un recorte de 2.500 millones en su actividad, dicen que se pondrán en riesgo sus inversiones y beneficios, y podrían hacerles incurrir en pérdidas en su negocio en España. Se espera un nuevo impuesto del 4%, o de 2 euros por megavatio hora (MWh) facturado para las fuentes tradicionales, entre las que se encuentran la nuclear, hidráulica y ciclos combinados de gas.
En el caso de las renovables, la norma distinguirá previsiblemente entre tecnologías gestionables y no gestionables, e incluirá imposiciones del 11% para la eólica, para recaudar 400 millones de euros, y del 19% para la fotovoltaica, lo que permitirá obtener 550 millones de euros.
Por su parte, las nucleares e hidráulicas tendrán además una tasa adicional de 10 euros por MWh en el caso de la nuclear, lo que permitirá ingresar 550 millones, y de 15 euros por MWh en el de la hidráulica, con lo que se obtendrían 400 millones. Estas plantas están amortizadas, según el propio Soria (y la Comisión Europea), aunque las empresas lo niegan.
El problema del déficit tarifario, que ya supera los 25.000 millones de euros y que se ha acumulado porque los sucesivos Gobiernos se negaban a subir la luz por su coste político (a cambio, las eléctricas se lo apuntaban como deuda) sigue creciendo de forma desorbitada: en los primeros cinco meses del año, ya superaba los 2.500 millones, según datos publicados esta semana por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El proyecto de ley, en el que se atribuye un fuerte peso a la Oficina Económica de Moncloa (dirigida por Álvaro Nadal), se tramitaría ya a la vuelta de las vacaciones parlamentarias, por lo que se aventura que las presiones de los distintos agentes afectados (eléctricas y operadores de renovables) continuará en los próximos meses.
