La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares, entre ellas Dragados (ACS), por fijación de precios y reparto de los clientes y las adjudicaciones de las licitaciones. En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha sancionado con 8,567 millones de euros a Dragados, de la que resulta responsable solidaria su matriz ACS.
Además, ha impuesto multas a Algeco Construcciones Modulares (1,591 millones de euros); ABC Arquitectura Modular (144.241 euros); Alquibalat (461.847 euros); Alquileres Barceló Sáez (43.487 euros); Arlan (90.475 euros) y Renta de Maquinaria (340.868 euros), tal y como recoge la agencia Efe.
La CNMC considera acreditadas las prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes
En aplicación del programa de clemencia, la CNMC ha otorgado a Algeco la exención de la multa impuesta, al tiempo que ha aplicado una reducción del 30% importe de la multa impuesta a Alquibalat. Algeco fue la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones sobre este cártel, mientras que Alquibalat ha aportado elementos de prueba que justifican la concesión de la citada reducción.
En la investigación, se han archivado las actuaciones seguidas contra Etxekit; Representaciones Norte; Sistemas Modulares Goikoa y Vallas y Casetas Brun al no considerar acreditada su participación.
La CNMC considera acreditadas las prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares dirigidas a estancias temporales o permanentes para distintos servicios.
Desde 2008 hasta 2013
Así, junto a su uso tradicional por empresas constructoras como oficinas o vestuarios temporales situados a pie de obra, en la actualidad el uso de las construcciones modulares se ha extendido a otros servicios (colegios, almacenes, hospitales, oficinas, hoteles u otros alojamientos). Las prácticas anticompetitivas tuvieron lugar desde el año 2008 hasta el 2013, con efectos hasta 2014, y afectaron a distintas comunidades autónomas, agrupadas en las zonas Levante, sur, Cataluña y centro-norte.
El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar una de las empresas participantes en el cártel una solicitud de clemencia
Entre las prácticas investigadas y sancionadas, tienen especial importancia los acuerdos anticompetitivos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones de suministro de construcciones modulares destinadas a instalaciones educativas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia.
La CNMC señala que las conductas vulneradoras de las normas destinadas a garantizar la transparencia en la contratación administrativa y la selección de la oferta más ventajosa son especialmente dañinas, al suponer un encarecimiento del coste que debe soportar la Administración y, en última instancia, los ciudadanos.
El expediente sancionador se inició en 2013, tras presentar una de las empresas participantes en este cártel una solicitud de clemencia, y en diciembre de 2014 se decidió ampliar la incoación tras las inspecciones realizadas en las sedes de algunas de las empresas participantes en dicho cártel.
