El cierre definitivo y desmantelamiento del almacén de gas subterráneo Castor depende de las conclusiones de los informes encargados por el Ministerio de Industria y Energía a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT en su acrónimo en inglés), dos instituciones estadounidenses que llevan investigando desde principios de 2014 las causas de los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón en septiembre de 2013.
También Enagás, el operador del sistema gasista español, al que Industria ha encargado la hibernación y vigilancia de la infraestructura, ha pedido un informe adicional al MIT, cumpliendo la normativa establecida por el Gobierno sobre el Castor, para que como experto internacional en este tipo de fenómenos dé el visto bueno a su paralización temporal.
En total hay tres informes encargados y ninguno de ellos estará terminado para finales de este año, según varias fuentes consultadas por Vozpópuli. Ni el de Stanford ni los dos pedidos al MIT se esperan para 2015, dada la complejidad de los análisis sismológicos y del estudio del impacto en la falla de la zona de la inyección de gas colchón realizada por Escal, filial de ACS, en septiembre de 2013.
El Departamento que dirige José Manuel Soria no tiene prisa alguna en que estos informes lleguen a Madrid en los próximos meses. Más bien al contrario, señalan fuentes internas del Ministerio, que reconocen que en el periodo preelectoral que resta hasta las generales de finales de año no es nada conveniente que lleguen informes sobre un tema tan polémico como el Castor.
Máxime cuando ha sido este mismo Gobierno el que aprobó de urgencia la indemnización de 1.350 millones de euros para que ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, pudiera cobrar por haber desarrollado esta infraestructura y solventar su deuda con los bonistas internacionales que la respaldaron.
Salvado Florentino de un posible impago a sus bonistas, que hubiera dañado la imagen internacional de solvencia que tanto ha costado recuperar al Gobierno de Rajoy, lo que menos quiere ahora el Ejecutivo es recibir informes que recomienden (o no) el cierre definitivo y desmantelamiento posterior de una infraestructura que los consumidores de gas tendrán que estar pagando (en diferido) durante 30 años.
Lo que menos le conviene al Gobierno es recibir ahora unos informes que vuelvan a desempolvar el escándalo del Castor, por el que Florentino se ha llevado 1.350 millones
De ahí que ninguna de las fuentes consultadas espere que estos documentos lleguen este año, no sólo por un interés puramente político del Gobierno, sino también porque tanto Stanford como el MIT trabajan concienzudamente sus informes.
De puertas adentro, en España, los dos informes conocidos hasta la fecha establecen una causalidad clara entre la inyección de gas y los terremotos sufridos en la zona. Tanto el Instituto Geográfico Nacional como el Instituto Geológico y Minero llegaron a estas conclusiones el año pasado.
Sin embargo, Industria fía su decisión final a lo que digan Stanford y el MIT, pero como sus informes van lentos, el problema del Castor se convertirá en un herencia envenenada para el nuevo Gobierno que salga de las generales de noviembre próximo.
Por mucho que la Fiscalía de Castellón y el nuevo y combativo Gobierno de la Generalitat valenciana, que estará en manos de una coalición PSOE-Compromís, intenten desempolvar el escándalo del Castor, ninguna decisión trascendental será tomada por el actual Gobierno, que dejará como herencia a su sucesor la patata caliente de afrontar su posible cierre definitivo o, en su caso, su puesta de nuevo en explotación, algo que da pavor a los ayuntamientos y ciudadanos de la zona norte de Castellón y del sur de Tarragona.
