La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asestó hace unos días un golpe a la estiba por las prácticas anti-competitivas que se han hecho habituales en el sector, cuyo proceso de liberalización se ha visto condicionado por las presiones de los empleados del gremio. Dentro de la resolución, la empresa Terminales Marítimas de Vigo reconoce que vulneró la normativa vigente en materia de contratación de trabajadores por las coacciones recibidas por parte de este colectivo, lo que le valió una multa de 700.000 euros.
La CNMC explica en el expediente algo conocido: que Terminales Marítimas de Vigo, al igual que otras muchas, recurría para recibir y cargar los contenedores a los trabajadores de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), en lugar de a sus propios empleados, como autoriza la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las SAGEP son unas 'entidades gremiales' que durante el conflicto de la estiba han tratado de mantener su situación privilegiada, que provocaba que las empresas portuarias que necesitaban estibadores para el transporte de mercancías, carga de barcos o descarga de camiones tuvieran que recurrir a ellas obligatoriamente.
Esto les impide gestionar sus plantillas, dado que tienen que recurrir a esta especie de 'colegio de estibadores', lo que Bruselas ha puesto en cuestión. La CNMC preguntó a Terminales Marítimas de Vigo acerca de estos hechos y reconoció que incumplió la normativa por las coacciones recibidas por parte de los estibadores. “El recurso al personal de la SAGEP para realizar las labores de entrega y recepción de contenedores en el Puerto obedece exclusivamente a las presiones y exigencias que este colectivo ha venido ejerciendo, las cuales resultan por otra parte sobradamente conocidas”, manifestó.
Esto pone de relevancia la posición de fuerza de las asociaciones de los trabajadores de los puertos, que, junto a los sindicatos, fijan los turnos de trabajo, los equipos y la retribución
Esto pone de relevancia la posición de fuerza de las asociaciones de los trabajadores de los puertos, que, junto a los sindicatos, fijan los turnos de trabajo, los equipos y la retribución, que se encuentra bastante por encima del sueldo medio en España. La intención de la Unión Europea es corregir este hecho y efectuar la correcta liberalización del sector, pero ha topado con las presiones de los estibadores, por cuyas manos pasan anualmente mercancías que -se calcula- equivalen al 20% del PIB.
La CNMC ha multado recientemente con 3,4 millones de euros a cinco sindicatos y a otras tantas empresas -entre ellas, Terminales Marítimas de Vigo- por los acuerdos para reservar en exclusiva para el personal de la SAGEP de Vigo la contratación de trabajadores para embarcar y desembarcar vehículos a motor sin matricular; y para recibir y entregar mercancías. Este pacto contemplaba la exclusión de cualquier empleado que no perteneciera a la SAGEP.
Competencia critica que este acuerdo no se firmara para regular las relaciones laborales -como se hace en la negociación colectiva-, sino para intentar perpetuar una reserva legal (la actividad de la estiba) a ámbitos en que no son de aplicación porque están liberalizados. “Mediante tales acuerdos se impedía que estas empresas estibadoras decidieran de forma independiente su organización interna y los trabajadores que podían contratar para desarrollar los servicios que prestaban en el puerto. En especial, la carga y descarga de vehículos de motor, servicio que no está reservado a los estibadores”.
Esta limitación -añade- constituía un obstáculo para la prestación de servicios portuarios básicos por parte de empresas distintas de las firmantes del acuerdo y por trabajadores que no fueran estibadores.
El principal conflicto
No hay que olvidar que la CNMC mantiene otro expediente contra la estiba que tiene que ver con las restricciones a la contratación que supuestamente establecieron los agentes del sector en el acuerdo que alcanzaron el 29 de junio de 2017 por el que la patronal (ANESCO) aceptaba subrogar los contratos de los estibadores portuarios -temporalmente- a cambio de que finalizaran las movilizaciones que se habían producido desde que el Gobierno anunciara su intención de liberalizar la estiba.
En este último expediente -cuya resolución aún no ha trascendido-, están implicadas la patronal, Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO); la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.), la Confederación Intersindical Galega (CIG), Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) y Eusko Langileen Alkartasuna (ELA).
