La presidenta de la compañía de seguridad Eulen, María José Álvarez, ha afirmado hoy que su empresa se ha desentendido del macrocontrato de vigilancia de Aena, al igual que han hecho Prosegur y Securitas, ya que las condiciones propuestas no aseguraban la prestación de un servicio "serio".
En un almuerzo organizado por la Deusto Business School, Álvarez ha ratificado las quejas del sector, que considera que los requisitos propuestos por Aena no permitían aplicar las mejoras salariales pactadas con el Gobierno y los sindicatos tras las huelgas de El Prat.
En este sentido, la presidenta de Eulen ha señalado que las empresas no son "ninguna ONG" y que tienen el derecho y la obligación de presentar unos resultados que permitan su supervivencia.
Álvarez ha agregado que su compañía ha sido la más perjudicada tras el conflicto "politizado" de El Prat y se ha quejado de que el laudo obligatorio les obliga a pagar un plus de radioscopia a la totalidad de la plantilla, pertenezca o no a esa unidad, aspecto que considera "incomprensible".
A su vez, ha señalado que la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Fomento y Aena no han respondido por su actuación en este conflicto.
"Una perversión en la ley"
En lo que se refiere a la situación laboral del sector, ha denunciado que la reforma de 2012 propició un "descuelgue" de los convenios que muchas empresas aprovecharon para bajar sueldos, lo que ha considerado una "perversión" de la ley.
A su juicio, la reforma es la responsable de la precariedad laboral, ya que las compañías son solo ejecutoras de la legislación vigente.
Sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público, ha defendido que se debe centrar en las pequeñas y medianas empresas, que son las que se "escabullen" de la ley.
También ha mostrado su preocupación por el auge de las subastas electrónicas en el sector servicios -en lugar de los concursos-, debido a que, según ella, esta tendencia supone una pérdida de calidad al "priorizar siempre el precio".
La compañía española Eulen cerró 2017 con una facturación de 1.700 millones de euros y una plantilla de 92.000 empleados, de los que 52.000 trabajan en España y 40.000 lo hacen repartidos entre catorce países del mundo.
