El proceso de adjudicación de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, en lo que fue la mayor privatización de la historia de Cataluña, no está ni mucho menos resuelto tras la sentencia del Tribunal Supremo que decreta su revocación. La resolución del contrato abrirá un complejo procedimiento que, por lo pronto, condena a la Generalitat a compensar a la compañía de los Entrecanales con una cantidad que, a día de hoy, se sitúa en el entorno de los 500 millones de euros. Y también, a buscar un nuevo operador para la central a la mayor brevedad posible si no quiere que esta factura se incremente.
A raíz de la publicación de la sentencia del Supremo, el contrato será anulado y entrará en fase de liquidación. A tal fin, el propio contrato prevé que, en el caso de su resolución anticipada (la concesión contempla un periodo de 50 años), cualquiera que sea su causa (incluida una sentencia judicial), la Generalitat deberá indemnizar a la sociedad concesionaria para compensarle en las partes no amortizadas tanto del canon de concesión como de las obras e inversiones llevadas a cabo por la compañía y también en los gastos adicionales.
Por lo pronto, el consorcio de Acciona abonó 298 millones euros en concepto de anticipo por llevarse la concesión, a finales de 2012. Según figura en el contrato, a partir de entonces liquida una anualidad en concepto de canon hasta concluir la adjudicación, en el año 2062. Esta partida asciende actualmente a unos 70 millones de euros por los cinco ejercicios completados por Acciona al frente de ATLL.
Además, el contrato obligaba al adjudicatario a ejecutar inversiones por valor de 139 millones de euros en los diez primeros años de la concesión. A finales de 2016, Acciona había destinado 22 millones a ATLL, de acuerdo con el informe anual del grupo de energía, concesiones y construcción, una cifra que se ha incrementado de forma notable en 2017 ya que durante los primeros años apenas pudo ejecutar inversiones por estar a la espera de la formalización de numerosos permisos y autorizaciones.
Acciona seguirá operando
Pero esto es sólo la parte que figura en el contrato. Además, Acciona piensa reclamar una compensación por daños y perjuicios derivados de perder una concesión de tal volumen (en torno a los 1.000 millones de euros), además del lucro cesante, cuya cifra podría dispararse teniendo en cuenta que restan 45 años de concesión y que ésta es rentable para la compañía prácticamente desde el primer minuto.
Todo apunta a que un acuerdo entre Administración y empresa para fijar las cantidades será quimérico y que la cuestión deberá dirimirse, una vez más, en los tribunales, donde la adjudicación de ATLL ha pasado los cinco últimos años, prácticamente desde su formalización.
Por lo pronto, pese a que el fallo del Alto Tribunal es firme, Acciona seguirá al frente de la concesión durante un periodo de tiempo considerable. ATLL se ocupa de un servicio esencial, como es el de abastecimiento de agua en alta. Precisamente, su principal cliente es Agbar, que distribuye el agua a la zona metropolitana de Barcelona, que competía con Acciona por la privatización y que recurrió la adjudicación al considerar que su rival había incumplido preceptos contemplados en el pliego.
Sin Gobierno para decidir
En este caso se impone el principio de continuidad del servicio, que garantiza la permanencia de la concesionaria en la explotación de la concesión hasta que otro adjudicatario entre formalmente a sustituirla o la propia Generalitat decida rescatar la concesión y que vuelva a dominio público. Todo ello dependerá del proceso de liquidación del contrato que, como puede comprobarse, no es precisamente sencillo. Y cada día que Acciona sigue al frente de la gestión de ATLL, la factura se incrementa.
La cuestión es aún más complicada si se tiene en cuenta que actualmente no hay Gobierno en Cataluña, toda vez que ni siquiera ha habido proceso de investidura tras las elecciones del pasado 21 de diciembre. Y tampoco hay Ejecutivo en funciones debido a que el anterior fue destituido por la aplicación por parte del Gobierno central del artículo 155 de la Constitución, como consecuencia del proceso secesionista llevado a cabo por el ex presidente Carles Puigdemont.
