La Guardia Civil se incautó de documentación relacionada con el polémico proceso de privatización de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) y su adjudicación a un consorcio liderado por Acciona en el registró que llevó a cabo el pasado mes de septiembre en el despacho de uno de los considerados cerebros del proceso soberanista, concretamente Josep María Jové, ex secretario general de Economía de la Generalitat en el Gobierno liderado por Carles Puigdemont.
El registro tuvo lugar en el marco de la llamada ‘operación Anubis’, derivada de las actuaciones judiciales llevadas a cabo en relación con los planes para la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la posterior declaración de independencia. En esta operación, Jové llegó a ser detenido, aunque fue posteriormente puesto en libertad con cargos días después.
Los documentos incautados por la Guardia Civil permitieron concluir que el que fuera mano derecha del ex vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía Oriol Junqueras (actualmente en prisión como consecuencia de las actuaciones judiciales llevadas a cabo a raíz de la declaración de independencia) era uno de los cerebros del proceso, toda vez que contaba con precisas anotaciones sobre los pasos a seguir y posibles escenarios para una Cataluña independiente.
Precisamente junto a este material, la Guardia Civil encontró documentos relacionados con la entidad ATLL y su adjudicación a Acciona, una operación que se llevó a cabo a finales de 2012, bajo el Gobierno liderado por entonces por el ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Se trata de la única documentación encontrada en el despacho de Jové que tiene que ver con un asunto que data de mucho antes del inicio del Gobierno de Puigdemont y también de contenido principalmente económico.
Vuelta a primera línea
Bien es cierto que, aunque hace más de cinco años que tuvo lugar la adjudicación, la privatización de ATLL, la mayor de la historia de Cataluña, que permitió al Gobierno de Mas apuntarse 1.000 millones de euros para cerrar aquel complicado año 2012, no ha dejado de estar de actualidad debido al largo proceso judicial desencadenado por el recurso presentado por Agbar, que competía con Acciona por la adjudicación de ATLL.
Además, ATLL no ha desaparecido del complejo debate político catalán en los últimos años. En su día, la decisión del Gobierno Mas de privatizar la compañía que presta el servicio de suministro de agua en alta para el área metropolitana de Barcelona generó numerosas protestas entre la oposición. Cuando la CUP se convirtió en la llave para que Puigdemont tomara el mando de la Generalitat señaló en numerosas ocasiones como objetivo la reversión del proceso de privatización para que ATLL volviera a manos públicas.
La pasada semana, ATLL volvía a la primera línea de la actualidad después de que el Tribunal Supremo determinara, en sentencia firme, que el proceso de privatización de la compañía debe anularse.
Consecuencias para la Generalitat
Una circunstancia que podría explicar el hecho de que Jové contara en su despacho con documentación sobre ATLL, toda vez que la decisión del Supremo obliga a la Generalitat a anular la privatización y, por lo tanto, compensar a la adjudicataria, que abonó casi 300 millones de euros a la firma del contrato de la concesión (que cuenta con una extensión de 50 años).
Acciona también reclamará las inversiones no amortizadas que haya realizado hasta la fecha en ATLL así como el lucro cesante y posibles compensaciones por daños y perjuicios.
