El presidente ejecutivo de Indra, Javier Monzón, se ha garantizado un blindaje millonario que podrá cobrar en caso de despido o en concepto de "prejubilación", una vez que, en 2018, cumpla los 62 años.
El consejo de administración de Indra, empresa cuyo mayor accionista es desde agosto pasado el Estado (20%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aprobó en diciembre pasado sustituir el marco contractual de sus consejeros y ejecutivos y altos directivos vigente hasta entonces por un "plan de prejubilación y ahorro a largo plazo" al que ha dotado, de momento, con 21,11 millones de euros, de los que 11,5 millones corresponden al presidente.
Indra asegura que, con este nuevo sistema, "ni para los consejeros ejecutivos ni para los nuevos directores generales, se contemplan cláusulas específicas de indemnización o blindaje por el cese de su relación contractual".
Así, el antiguo "sistema de compensación para finalización de la relación laboral de los altos directivos" que permitió al anterior vicepresidente y consejero delegado de Indra, Regino Moranchel, llevarse una indemnización de 9,1 millones de euros tras su dimisión en noviembre de 2012, ha dado paso al citado "plan de prejubilación y ahorro a largo plazo", que a la vista de las cifras, deja a Monzón más o menos como estaba, aunque fuentes próximas a Indra aseguran que su retribución ahora en caso de despido será menor.
Hasta ahora, el ejecutivo, que en 2013 cobró 3,35 millones de euros y el próximo diciembre cumplirá 24 años al frente de Indra, empresa que preside desde desde su creación (en estos años, el grupo ha multiplicado su tamaño por diez), tenía derecho a tres anualidades por su eventual cese, más una compensación, que mantiene con el nuevo sistema, de 0,75 veces su salario durante dos años en concepto de cláusula de no competencia.
Esos 11,5 millones son una suma inicial que va a ir creciendo en los próximos años. A las partidas que ya ha dotado, Indra irá añadiendo a partir de ahora una aportación anual para cada alto directivo que, en el caso de Monzón, será del 15% de su salario. "Las aportaciones se realizarán mientras esté vigente su relación con la Sociedad y hasta que alcancen la edad de sesenta y dos años", momento en el que "el alto directivo percibirá el fondo acumulado", algo que en el caso de Monzón (nacido en 1956) ocurrirá en el año 2018, explica Indra.
"Para la adecuada transición al nuevo sistema", 6 altos directivos mantienen su blindaje
Así, para 2014, la compañía prevé dotar 600.000 euros al fondo para la prejubilación de Monzón, por lo que de mantener el ejecutivo su retribución hasta 2018 y de seguir entonces en la empresa, se llevaría unos 14,5 millones de euros. No obstante, en caso de despido antes de esa fecha, su finiquito superaría los 16,5 millones: los 11,5 millones del fondo de prejubilación y la indemnización por no competencia (5 millones por dos años).
El plan establece que cada beneficiario podrá cobrar el fondo acumulado antes de esa fecha en caso de cese "por causa no imputable al alto directivo". En el caso de Monzón y del consejero delegado, Javier de Andrés (no así del resto de beneficiarios), este supuesto incluye el de un cambio de control de la compañía.
Además, los consejeros ejecutivos (Monzón y de Andrés) y los directores generales de operaciones mantienen las cláusulas de no competencia vigentes hasta ahora en Indra, que en el caso de los dos principales ejecutivos les permite cobrar una indemnización anual de 0,75 veces su retribución total durante dos años.
Indra también explica que, en el caso de los actuales directores generales, "para la adecuada transición al nuevo sistema atendiendo a sus derechos adquiridos, seis de ellos mantienen durante un periodo transitorio un derecho indemnizatorio decreciente" de entre uno y dos años de sueldo en caso de despido.
El nuevo sistema se aprobó en la junta de accionistas de Indra celebrada en junio de 2013, dos meses antes de que Bankia vendiera a la SEPI su 20% de la compañía, movimiento tras el cual el hólding público nombró consejeros a dos personas de confianza del Gobierno, el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio y el abogado del Estado en excedencia Adolfo Menéndez, ex consejero de varias empresas públicas con el PP y exalto cargo en Fomento y Defensa con Aznar.
Con la llegada de la SEPI, se especuló con la salida de la presidencia de Monzón, un ejecutivo muy bien relacionado con la Casa Real y que es considerado próximo a los socialistas.
