La guerra declarada entre el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas no solo se libra en los grandes eventos e intervenciones, en ese "tú me metes un nuevo rejonazo, pero yo te recorto las inversiones en España; tú me amenazas con nuevos impuestos, pero yo te puenteo y negocio directamente con Hacienda al margen de Industria", como bien ejemplifica un experto del sector.
También hay una batalla más soterrada, más del día a día, más administrativa y burocrática, que está exasperando a las compañías y que tensa aún más las difíciles relaciones entre un sector regulado y el Gobierno que les regula.
El último de estos encontronazos se ha producido estos días. Concretamente, el pasado 30 de abril, día en el que la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), dependiente de Industria, publicó tres resoluciones para la entrega de información y auditorías de la distribución, paso previo para formalizar el cobro de los ingresos de las eléctricas por esta actividad, que han redoblado la tensión con el sector.
El Departamento que dirige José Manuel Soria da solo un plazo de 24 horas para que las compañías eléctricas remitan a la DGPEM el inventario con un informe de auditoría. Según la resolución de la auditoría del inventario a 31.12.2013, el informe tenía que estar enviado el 1 de mayo de este año y de ello se informó a las compañías el día anterior, el 30 de abril.
"El Real Decreto 1048/2013 establece que antes del 1 de mayo se debía enviar inventario de instalaciones; hemos estado trabajando, pero los formatos y especificaciones de auditoría no estaban publicados. Los hicieron públicos el 30 de abril y lógicamente no los podemos tener listos en solo 24 horas. Resulta curioso que la información auditada de las inversiones de 2013 haya que remitirla antes del 1 de agosto, y este inventario, que incluye las instalaciones de 2013, el 1 de mayo. Es algo increíble", reseña una de las eléctricas afectadas.
"Tenemos preparada la información pero no responde a los formatos, y por supuesto, no está totalmente auditada. Creemos que tenemos que entregar la información aunque no cumpla los formatos, con lo que lo incurriremos en defectos de forma. Si lo hubieran hecho público en febrero, el mes fijado para ello, tendríamos toda la información en regla", añade.
De lo que se deduce, afirman fuentes del sector, que Industria parece estar entorpeciendo la normal actividad de estas compañías, "mientras que a Red Eléctrica, por ejemplo, se le concede el tiempo preceptivo de dos meses para que envíen su inventario del transporte. Resulta sorprendente el diferente rasero con el que se trata desde Industria a unas y otras compañías".
La resolución ha llegado el 30 de abril, pero tendría que haberse publicado en febrero para que las compañías tuvieran dos meses para preparar toda la información, tal y como marca la ley
Sobre la segunda resolución, la de las inversiones realizadas en 2013, los plazos, pese a los retrasos de Industria, podría cumplirse por las empresas afectadas, que, eso sí, se quejan de que se han introducido cambios de última hora que harán más complicado el trámite.
Pero con la tercera resolución, la de a los planes de inversión 2015-2017, vuelve la polémica. "El RD 1048/2013 establece que antes del 1 de abril la CNMC debería haber remitido a la DGPEM la propuesta de formato para comunicar los planes de inversión, un mandato que ha sido incumplido. Este RD establece que antes del 1 de marzo las distribuidoras tienen que remitir a las CCAA sus planes de inversión para aprobación. Esto lo hemos cumplido y durante todo este periodo se han estado realizando aclaraciones a las CCAA y ya tenemos algunos planes aprobados, como los de Cataluña y Andalucía, pero los formatos con los que se debería enviar esta información se han publicado el 30 de abril y solo tenemos 24 horas para adaptarnos a ellos", señala otra compañía eléctrica.
Así las cosas, lo que, según el sector, se esconde tras este tipo de fricciones administrativas es una guerra soterrada del Ministerio con las compañías eléctricas, en el marco de la campaña de Soria para culparlas de los grandes males del sistema eléctrico.
Las compañías prevén recurrir estas últimas resoluciones por la vía contencioso-administrativa, una vez que se constaten los defectos de forma con los que se ha enviado toda la información en ese plazo de solo un día.
