El tópico de la justicia lenta se está haciendo real como pocas veces en el caso de las querellas de exfranquiciados contra DIA Supermercados, atascadas en la madeja de la justicia en los últimos cinco años. El juzgado de instrucción número 1 de Vic (Barcelona), que instruía una treintena de casos de supuesta estafa de toda España tras haber admitido a trámite en diciembre de 2015, ha decidido de nuevo inhibirse, y enviar los casos cada uno a sus juzgados de instrucción territoriales mientras arranca con las declaraciones este mismo martes tan solo para dos franquicias que corresponden a su partido judicial de Roda de Ter y Torelló.
El juez toma esta decisión año y medio después de aceptar investigar el caso, sin haber tomado ni una sola declaración en este tiempo. Entre todos estos franquiciados reclamaban una estafa próxima a los 11 millones de euros el pasado septiembre, aunque después se han añadido nuevos afectados.
Desde que se aceptó el caso en el juzgado osonés, tres jueces han pasado por él. Los afectados consideran que ahora se trata del magistrado definitivo, pero su decisión de no hacerse cargo de presuntos delitos que "no se han cometido en este partido judicial" dormirá y ralentizará aún más un caso penal que la justicia está tratando desde 2013 -cuando un juzgado de Villarreal aceptó un caso para archivarlo cuatro años después- sin avances significativos por el momento. 28 casos vuelven ahora a juzgados de instrucción locales, donde jueces de todo tipo deberán familiarizarse con unas demandas de alta complejidad que incluyen peritajes y todo tipo de pruebas documentales.
En este periodo, además, la Audiencia Nacional y el juzgado catalán se han pasado la pelota. El juez de instrucción consideró que el caso escapaba de sus competencias y que debiera juzgarse en el tribunal especial por afectar a personas de todo el país y una cuantía de dinero llamativa, opinión que también compartía Fiscalía. Pero la AN dijo no al considerarlo impropio. Es la segunda vez que la AN rechaza investigar el caso tras hacerlo también en 2014.
"No hay concierto"
Además, el juez vicense explica con una enrevesada construcción lingüística que no cree que las supuestas estafas sean responsabilidad de la cúpula de DIA, dirigida por Ricardo Currás, sino en todo caso responsabilidad individual de quienes las cometieron: "No figura elemento alguno de conexidad conforme al artículo 17.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, hechos delictivos cometidos por dos o más personas reunidas o en distinto lugar y tiempo pero mediando concierto para ello, por cuanto en la comisión del presunto ilícito penal, sin perjuicio de su atribución al mismo sujeto /ente jurídico DIA, habrán intervenido en cada caso distintas personas físicas dentro del organismo empresarial", dice el auto al que ha tenido acceso este diario.
Sin embargo, los franquiciados, reunidos en varias asociaciones que reúnen a varias decenas de afectados, consideran que la estafa que han sufrido ha sido clara, y que DIA ha establecido durante años un procedimiento regulado para sustraer los recursos de sus supuestos socios.
