El impago de las fianzas ha obligado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado el embargo del patrimonio de Julio Fernández Gayoso, expresidente de Novacaixa Galicia, y de Javier García de Paredes, exdirector adjunto ejecutivo. Esta medida se les ha impuesto al no haber depositado las fianzas impuestas el noviembre de 2012 para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la investigación de las prejubilaciones millonarias de cinco responsables de la entidad, entre ellos Fernández Gayoso y García de Paredes. Así, el juez Moreno ha ordenado el embargo de bienes muebles e inmuebles, entre ellos varios productos financieros.
El magistrado impuso el pasado 6 de noviembre una fianza de más de 7 millones de euros a García Paredes y declaró que Fernández Gayoso debía ser responsable civil solidario de esa caución y de las que se impusieron a otros tres exdirectivos, que aportaron los derechos económicos de las pólizas de las pensiones que ellos mismos se concedieron. Se trata del exdirector general de la caja, José Luis Pego, que tuvo que afrontar una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, que avaló 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
Percepciones irregulares
Según la Fiscalía Anticorrupción, las fianzas corresponden a las cantidades que los exdirectivos percibieron irregularmente, más lo que tenían previsto ingresar si si plan de cobros hasta la jubilación hubiera concluido con éxito. De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama".
Los cinco exdirectivos están imputados por un delito de administración desleal y apropiación indebida. En su querella, la fiscalía apuntaba que "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
Tras la inyección de 1.162 millones de euros en 2010 y 2.465 en 2011, el Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros.
