Repsol se ha presentado finalmente como actor civil en la causa judicial abierta por la explosión en enero de 2020 de la planta de Iqoxe en La Canonja (Tarragona) y ha descartado iniciar cualquier proceso por la vía penal, así como pedir responsabilidades de este tipo a la compañía y al equipo gestor de entonces.
En el escrito de acusación consultado, la compañía destaca que exclusivamente lo hace en calidad de actor civil y reclama a los responsables civiles los daños y perjuicios que supuestamente Repsol Química registró como consecuencia del accidente, que provocó la muerte de dos trabajadores y un vecino.
Repsol Química, dedicada principalmente a la fabricación y el comercio al por mayor de productos químicos, mantenía relaciones comerciales con la planta de Iqoxe y, tras la explosión, tuvo que interrumpir el suministro y ello afirma que supuso una importante pérdida en beneficios. En concreto, según la tasación y sus cálculos, cifra en 11,5 millones la cantidad que le debe ser abonada por este concepto.
Por su parte, Iqoxe ha defendido durante toda la instrucción del caso que el accidente no fue previsible y que todas las inversiones, revisiones y controles estaban permanentemente actualizados y validados.
