El arranque de la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de Rajoy a finales de 2013 están siendo trabajoso. Muchos años de opacidad no cambian en un día, y algunas empresas públicas y organismos dependientes de la administración se resisten a lo que dicta la nueva regulación: que los ciudadanos, invocándola, tienen derecho de acceso a la información de las administraciones públicas siempre que no afecte a la seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, temas judiciales y algunos otros supuestos. Si las organizaciones niegan facilitar la información, entra en juego el Consejo de Transparencia, que ha dado la razón en dos de cada tres veces al ciudadano sobre su derecho a acceder a información pública.
Sin embargo, muchas empresas u organismo públicos aún se niegan a aceptar este hecho. Es el caso de Tragsa, la sociedad para servicios medioambientales que se ha negado a publicar las encomiendas de gestión después de que sus competidoras privadas, reunidas en la asociación Aseja, se lo pidieran (estas encomiendas son las subcontratas que puede realizar la empresa a otras, por eficacia, dificultades o falta de medios). El Consejo de Transparencia le ha pedido hacer pública esa información y Tragsa, en previsión de que perjudicaría su negocio, ha optado por recurrir al tribunal contencioso-administrativo para evitarlo. La ley de 10 de diciembre de 2013 establece "los intereses económicos y comerciales" como una de las causas para negar información así que de momento el caso queda en el aire.
Al fin y al cabo, Tragsa y Aseja no dejan de ser competidoras y la asociación de compañías privadas ha pedido en muchas ocasiones la privatización de Tragsa. ¿Facilitaría usted la información a su competencia con la que pudiera actuar en su contra?
Ya son 4 los organismos públicos que han llevado a los tribunales al Consejo: RTVE, Tragsa, la Fábrica de Moneda y el Colegio de Procuradores
Con Tragsa, ya son 4 organismos públicos los que han llevado a los tribunales de lo contencioso al nuevo órgano presidido por Esther Arizmendi. Se trata de RTVE (dos ocasiones), la Real Fábrica de Moneda y Timbre. En el caso del Colegio de Procuradores, un ciudadano ha recurrido al contencioso porque el Consejo ha estimado que no procede darle la información (se trata de un caso en tramitación y la ley lo contempla así). Arizmendi recuerda que apenas son un 1% de los varios centenares que hasta ahora se han resuelto. "No podemos hacer nada, y en cuanto entra en proceso judicial ya no sigue nuestros plazos", ha dicho la presidenta del organismo a Vozpópuli.
El caso de RTVE, paradigmático
Samuel Parra es un murciano especializado en privacidad y cyberseguridad. Sus peticiones traen de cabeza a la radiotelevisión pública, porque ha puesto en evidencia los gastos descontrolados con algo tan inocente como Eurovisión. "Tenía interés en saber cuánto se había gastado en Eurovisión, pero no sólo en total sino saber cuánto ha venido por vestuarios, cuanto por ensayos, por luces, por transporte... RTVE se negó a darme esta información y por eso reclamé al Consejo de Transparencia, que me dió la razón. Ahora, cuando ellos faciliten la información no tienen obligación de hacerlo público, sólo me lo envían a mí y al propio Consejo".
Con respecto a la Real Fábrica de Moneda y Timbre, ésta se ha negado a facilitar información sobre cuánto ha costado producir y distribuir la nueva moneda con la efigie de Felipe VI, un dato que desde el organismo de transparencia "no entendemos que sea secreto, puesto que en todos los países de la UE se acuñan monedas cuando cambia el jefe de Estado".
Para Parra, en general "da muy mala imagen que litigues para no dar información pública, que al final es lo que están haciendo". Sin embargo, el experto puntualiza que las entidades litigan continuamente "con dinero público, porque al final se lo gestiona un abogado del Estado, pero yo por ejemplo no he podido personarme como afectado en el contencioso aunque fui avisado pues no tenía para pagar el procurador". Parra considera que se están dando pasos en la buena dirección en materia de transparencia pero que aún queda mucho hacer porque la cultura de la opacidad está muy arraigada en las administraciones. "En España en 2015 hemos preguntado en el portal de transparencia unas 12 veces al día pero en México se hacen más de 300 consultas al día, y en la web pueden verse todas las peticiones de información que han hecho los funcionarios". Muchas de las peticiones no pueden responderse, asegura la presidenta del Consejo, puesto que "no podemos decir cuándo se está violando el espacio aéreo y por qué países porque sería tanto como desvelar dónde somos vulnerables. Pero para casi todo lo demás, nuestra institución trabaja para que los ciudadanos tengan acceso a toda la información existente".
